Una ola de asesinatos a finales de marzo dio pie a la Asamblea Legislativa para otorgar poderes especiales al Ejecutivo de Bukele, que reporta la detención de 50.500 personas, a las que acusa de pertenecer a las pandillas.
Las organizaciones sociales salvadoreñas e internacionales han recibido miles de denuncias de supuestas violaciones a derechos humanos, además de señalar que bajo este régimen se han dado detenciones arbitrarias y tortura.
El Congreso aprobó el pasado 17 de agosto la quinta prórroga del régimen de excepción, por lo que su vigencia se extiende hasta finales de septiembre.
"En #ElSalvador, el Estado de Emergencia, impuesto por el gobierno de @nayibbukele y renovado por quinta vez, ha creado una crisis de derechos humanos", señala un mensaje publicado en Twitter por Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
Guevara Rosas, que también compartió un video con imágenes de detenidos y familiares de capturados pidiendo la liberación de sus parientes, enfatizó que "en lugar de abordar las causas profundas de la violencia, el Gobierno ha creado la tormenta perfecta".
A inicios de junio, una investigación de Amnistía Internacional en El Salvador determinó que las autoridades estatales estarían perpetrando "graves violaciones" a los derechos humanos en el marco del régimen de excepción, y advirtió sobre la posibilidad de "responsabilidad penal internacional".
El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, indicó recientemente que han confirmado la existencia de atropellos en al menos 7 casos de 173 reportados durante el primer mes del régimen de excepción, únicamente en el departamento de San Salvador.
Apuntó que se confirmaron estas vulneraciones tras una investigación y entrevistas de un equipo técnico de la Procuraduría y afirmó que "es la investigación" la que les da "el soporte".
El Estado salvadoreño reconoció en un informe enviado a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) que se registra la muerte de personas detenidas, sin precisar la cifra.
Informes de la prensa local y de organizaciones civiles señalan que son al menos 69 las personas muertas en custodia estatal.
El Gobierno salvadoreño ha respondido al fenómeno de las maras con la medida de régimen de excepción, que ha sido denominada por Bukele "guerra contra las pandillas", sin que hasta el momento se conozca un plan gubernamental para dar una solución concreta a dicho fenómeno más allá de la cárcel.
Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) que tomó fuerza con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro Administraciones.