"El desempeño observado en el Instituto de Acceso a la Información Pública en el cumplimiento de sus obligaciones legales representa un grave riesgo para la prevención y combate a la corrupción, puesto que se aprecia una disminución significativa en la cantidad de casos resueltos", indicó la ONG en un comunicado.
Agregó que también se registra "una amplia reducción de las resoluciones emitidas a favor del ciudadano" y se ha incrementado el rechazo de casos "en beneficio de las autoridades que deniegan el acceso a la información".
La legislación salvadoreña establece que si un ente estatal se niega a entregar información pública a los ciudadanos, estos pueden apelar ante el IAIP.
Acción Ciudadana analizó los datos de "procedimientos de apelación y denuncias" recibidas por el IAIP entre enero de 2019 y abril de 2022.
"Se observa que los casos resueltos en favor de la ciudadanía disminuyen drásticamente y los plazos de resolución de los procesos conocidos por el IAIP tienden a ser más largos que en años anteriores", indicó la entidad no gubernamental.
Diversas organizaciones acusan a las autoridades del IAIP de apegarse al Gobierno del presidente Nayib Bukele, quien juramentó en agosto del 2020 al actual titular del ente, Ricardo Gómez.
En febrero pasado, la comisionada del IAIP Liduvina Escobar denunció su remoción del cargo en un "proceso sin pruebas y arbitrario" por parte del Gobierno de Bukele.
También la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) ha denunciado en el pasado que la elección del representante del gremio no ha respetado el procedimiento legal establecido.