El recurso de nulidad fue presentado el pasado martes ante el Tribunal de Apelaciones de la Corte Permanente de Arbitraje, con sede en la capital chilena, donde se sustanció una controversia incoada por la petrolera contra el Gobierno de Ecuador por un supuesto incumplimiento de obligaciones contractuales.
Gente Oil Ecuador cumplía desde abril de 2012 un contrato de prestación de servicios para explorar y explotar petróleo en el denominado Bloque Singue, en la Amazonía ecuatoriana.
El caso también ronda el ámbito de la Justicia ecuatoriana, ya que está sometido a un proceso que investiga presuntos hechos de corrupción en la operación de dicho campo petrolero durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017).
La Procuraduría, en un comunicado, aseguró que "no cejará en sus esfuerzos para defender los intereses del Estado ecuatoriano y su patrimonio, en jurisdicción nacional e internacional".
El tribunal arbitral, mediante un laudo emitido el pasado 22 de mayo, conminó a Ecuador a pagar a la compañía unos 6,5 millones de dólares por el "lucro cesante" causado por las restricciones de transporte del petróleo y 3,5 millones más por daños o "costes hundidos".
Asimismo, el fallo arbitral resolvió pedir al Estado ecuatoriano el pago de otras partidas como la de reparación por 400.000 dólares, ante daños colaterales causados por acciones y omisiones de la parte demandada.
La demanda de la empresa se basa en las supuestas trabas que aparentemente puso el Gobierno para facilitar el transporte del crudo de los pozos de Singue a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), que opera la estatal Petroecuador.
Según la firma, estas dificultades, incluida un aumento de la tarifa, mermaron sus metas de producción, argumento rebatido por el Estado que asegura que la compañía pudo producir y transportar el crudo de Singue sin complicaciones y en mayor medida a lo previsto.
Asimismo, la petrolera alegó que para finales de 2018 había efectuado inversiones por más de 134 millones de dólares en el Bloque Singue, lo que suponía cerca de un 500 % de la inversión prevista a la firma del contrato.
Además, la empresa ha argumentado la falta de claridad en el proceso de renegociación de contratos que había emprendido la Contraloría (Tribunal de cuentas del Estado) y las supuestas irregularidades en la fijación de nuevas tarifas.
Para Gente Oil, dicha renegociación carecía de sustento legal, por lo que acusó a la Contraloría de pretender, de manera unilateral, recuperar 1,05 dólares por cada barril producido cuando, según la compañía, no había cubierto aún su inversión.
El caso Singue llegó también a los tribunales de Ecuador, donde en primera instancia fueron condenadas por peculado (malversación) siete personas, entre ellas el exvicepresidente Jorge Glas y los exministros Carlos Pareja y Wilson Pastor, quienes ocupaban sus cargos durante el Gobierno de Correa.
El bloque Singue fue concesionado en 2012 al Consorcio DGC, formado por Dygoil y Gente Oil, pero desde 2014 la segunda asumió íntegramente la operación, donde afirma que se han logrado producir desde entonces más de 9 millones de barriles de crudo, frente a la previsión inicial de dos millones en 20 años.