De acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia, el empresario Rixon Rafael Moreno Oropeza, de 46 años, lavó "el producto de contratos de adquisición sustancialmente inflados, obtenidos mediante el pago de sobornos a altos funcionarios de Petropiar".
Petropiar, detalla el comunicado, es "una empresa conjunta entre la empresa de energía estatal y controlada por el Estado de Venezuela y una compañía petrolera estadounidense".
Según la acusación, desde al menos 2015 hasta al menos mayo de 2019, Moreno Oropeza "presuntamente participó en un plan para obtener contratos multimillonarios de Petropiar mediante el pago de sobornos a altos funcionarios" de esta empresa.
Detalla que el acusado envió millones de dólares en pagos de sobornos a altos funcionarios de Petropiar desde cuentas que controlaba en el sur de la Florida.
A cambio de estos sobornos, informa el Departamento de Justicia, Moreno Oropeza "supuestamente recibió beneficios" que incluyen más de 30 millones de dólares en pagos de contratos de Petropiar a sus cuentas.
La Justicia estadounidense pone como ejemplo que el venezolano recibió aproximadamente 2,7 millones de dólares de un contrato de Petropiar para suministrar dispositivos de respiración, "un contrato cuyo precio supuestamente había sido inflado a 100 veces el costo real".
El acusado usó las ganancias obtenidas de los contratos de Petropiar "para su propio beneficio personal, incluso para comprar bienes raíces, un avión privado y vehículos de lujo en el sur de Florida", añade el comunicado.
A Moreno Oropeza se le acusa de concierto para delinquir para lavar dinero; encubrimiento de lavado de dinero, lavado de dinero promocional internacional, y de participar en transacciones que involucren bienes derivados de actividades delictivas.
Si es declarado culpable, el empresario enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo de lavado de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero, y hasta 10 años de prisión por cada cargo de participación en transacciones con bienes derivados de actividades delictivas.
Un juez de un tribunal federal de distrito será el encargado de la sentencia en este caso, que investigaron de conjunto en Miami la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y La División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI).