Cristina Fernández está acusada por el presunto delito de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos, debido a supuestas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante su mandato entre 2007 y 2015 y del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) en la austral provincia de Santa Cruz.
“La sentencia ya estaba escrita”, recordó Cristina Fernández que ya había dicho en la declaración indagatoria que realizó en 2019, en un discurso que emite hoy a través de sus redes sociales desde su despacho en el Senado —del que es presidenta— al cuestionar que la Justicia rechazara su pedido de ampliar su declaración indagatoria en esta etapa del juicio.
Lea más: Fiscal argentino pide condena de 12 años de prisión para Cristina Fernández
Grave acusación fiscal
Según el fiscal Sergio Mola en esta causa “hubo irregularidades sistemáticas en 51 licitaciones a lo largo de 12 años. El cuadro probatorio demuestra de manera contundente las maniobras ilícitas. No es creíble que Cristina Fernández (de Kirchner) no se enterara de nada en la soledad de su despacho”, aseveró en su alegato final.
La causa abarca también la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007), su esposo, fallecido en 2010.
Anteriormente, Kirchner había solicitado la recusación de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, así como del fiscal Luciani, pero ese pedido fue desestimado.
Para que una sentencia sea ejecutada tiene que quedar ratificada por la Corte Suprema de Justicia. Por ello, aún si es condenada, Kirchner seguiría en libertad y podría incluso ser candidata en las elecciones presidenciales y legislativas de 2023.
