Así lo informó el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, que en una declaración dijo que firmó una resolución por la cual “se ordenan suspender por tres meses todas y cada una de las órdenes de captura que se hayan dictado o que se dicten en contra de Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’, e Israel Ramírez Pineda, alias ‘Pablo Beltrán’”.
La medida también se hace extensiva a Aurelio Carbonell, Gustavo Martínez, Silvana Guerrero, Alirio Sepúlveda, Isabel Torres, María Consuelo Tapias, Tomás García Laviana, Óscar Serrano y Vivian Henao, quienes han “sido reconocidos por el Gobierno como los negociadores del Ejército de Liberación Nacional (ELN)”, detalló el fiscal Barbosa.
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Puntualizó que la medida la adoptó con "ocasión de la decisión" del presidente Petro de "restituir los protocolos para comenzar un diálogo con ese grupo armado organizado".
El sábado pasado el jefe de Estado anunció que firmó un decreto por el que suspendía las órdenes de captura y extradición contra los negociadores del ELN que están en Cuba para iniciar diálogos de paz.
Explicó que lo ordenado es para "intentar construir el camino, ojalá rápido y expedito, en donde esta organización deje de ser una guerrilla insurgente en Colombia".
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Las negociaciones del Gobierno colombiano con el ELN comenzaron en 2017 en Quito, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, y en 2018 fueron trasladadas a La Habana donde aún se encuentran los principales dirigentes de la guerrilla, a pesar de que durante el Gobierno del entonces presidente Iván Duque se paralizaron definitivamente.
Petro recalcó en esa ocasión que con la resolución firmada para suspender las órdenes de captura y de extradición "inicia una nueva posibilidad de proceso de paz en Colombia", que espera y estarán "vigilantes con la fuerza pública y las autoridades, traiga en concreto la disminución de la violencia".
Igualmente invitó a las autodefensas "para iniciar un camino similar y conjuntamente entregar esta región a la paz y la vida de sus propios integrantes".
La semana pasada el ELN dejó en libertad a cinco soldados y un policía que había secuestrado en el departamento colombiano de Arauca, fronterizo con Venezuela, lo que se interpreta como un gesto de “buena voluntad” de la guerrilla para llegar a reanudar las negociaciones de paz.