Los exámenes, que consisten en una muestra de pelo para detectar restos de cocaína, cannabis, benziodiacepinas, opiáceos o anfetaminas, se realizan en los laboratorios de la estatal Universidad de Chile desde este lunes hasta el 30 de agosto.
Los resultados se tendrán en un plazo de 10 a 15 días y serán públicos, aunque quedarán exentos aquellos parlamentarios que justifiquen el consumo previamente por temas médicos o terapéuticos.
En caso de que algún diputado dé positivo y no haya justificado su consumo, se le levantará el secreto bancario para evidenciar que no haya movimientos de dinero injustificables y evitar así delitos relaciones con el narcotráfico.
Los parlamentarios en cuestión deberán justificar las transacciones que hayan realizado en un mismo mes superiores a 28.000 dólares y, si no pueden hacerlo, serán sancionados con entre el 2 % y el 15 % de su dieta parlamentaria.
"Hay que empezar a legislar sobre este tema. Es importante que nosotros, como empleados públicos, nos tomemos este test en serio, cumplamos con el reglamento", afirmó Rubén Oyarzo, del Partido de la Gente (derecha) y el primer diputado en someterse al examen.
A finales de septiembre deberán someterse a la prueba los 77 diputados restantes (de un total de 155) que no fueron elegidos en esta primera ronda.
La iniciativa, impulsada por la derecha, se aprobó el pasado julio por una amplia mayoría tras casi dos décadas de discusión, aunque parte de la izquierda critica que "vulnera el derecho a la vida privada".
"Si hay parlamentarios que consumen drogas es porque compran drogas, y si compran drogas, pueden ser extorsionados por quienes se las proveen", dijo durante la discusión parlamentario el diputado Juan Antonio Coloma, del partido conservador Unión Demócrata Independiente (UDI).
Si alguno de los congresistas se niega a someterse al control será sancionado por la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara.
La prueba será semestral y se aplicará al menos dos veces a cada parlamentario dentro su gestión de cuatro años.