A la decisión del ministro se suma la negativa del Ejército a las apelaciones presentadas por estas y otras dos organizaciones no gubernamentales palestinas en las cortes militares israelíes de Cisjordania ocupada.
De esta manera, el Gobierno israelí podrá incrementar su presión sobre estas cinco ONG en base a su designación como terroristas, a través de acciones como su clausura, la confiscación de sus bienes, la interrupción de sus actividades y el enjuiciamiento de sus miembros y autoridades.
Las organizaciones cuyas apelaciones fueron rechazadas tanto en Israel como en Cisjordania ocupada son el Centro de Investigación y Desarrollo Bisan, la Unión de Comités de Mujeres Palestinas y la Asociación de Derechos Humanos y Apoyo a Prisioneros (Addameer).
Las otras dos son Defensa Internacional de la Infancia y Al-Haq, mientras que el comunicado del Ministerio de Defensa que anunció la decisión no mencionó a la Unión de Comités de Trabajo Agrícola, la última de las seis ONG designadas como terroristas en octubre.
El texto de Defensa insistió sobre la acusación inicial de que estas organizaciones actúan como brazo del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), considerado como terrorista por Israel, la Unión Europea y Estados Unidos. Israel acusa también a las organizaciones de realizar tareas de recaudación de fondos, reclutar miembros y avanzar los objetivos del FPLP.
Estas acusaciones fueron rechazadas tanto por las propias ONG como por una serie de organismos internacionales, y más recientemente por los ministerios de Exteriores de España, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos y Suecia, que emitieron un comunicado conjunto en julio de este año.
"Las acusaciones de terrorismo o vínculos con grupos terroristas deben tratarse siempre con el máximo rigor. Por lo tanto, las designaciones fueron sometidas a una extensa y cuidadosa evaluación. No se recibió información sustantiva de Israel que justifique revisar nuestra política hacia las seis ONG palestinas sobre la base de la decisión israelí de designarlas como 'organizaciones terroristas'. Si se facilitasen pruebas en contrario, actuaríamos en consecuencia", señaló el texto.
Además, agregó: "En ausencia de tales pruebas, continuaremos nuestra cooperación y fuerte apoyo a la sociedad civil en los Territorios Palestinos Ocupados. Una sociedad civil libre y fuerte es indispensable para promover los valores democráticos y la solución de los dos Estados".
Aquel comunicado llegó pocos meses después de que un grupo de expertos de la Oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos instara a proteger y retomar la financiación de las seis organizaciones ante la falta de "evidencias públicas creíbles y concretas" por parte de Israel.
Los expertos denunciaron además el acoso por parte de Israel de organizaciones de la sociedad civil a través del uso de leyes antiterroristas con fines políticos.