La Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) birmana publica hoy un comunicado en el que subraya cómo el régimen militar intenta controlar que no salga a la luz lo que ocurre dentro de las prisiones, así como mantener aislados a los reos.
Estos se encuentran estrictamente vigilados por el Ejército y la policía para que no suministren información al exterior, y los militares prohíben en particular a los prisioneros políticos ser visitados por sus allegados en prisiones de ciudades como Yangón y Mandalay, las dos mayores de Birmania (Myanmar), desde la asonada.
Una de las encarceladas es la líder de facto birmana hasta el golpe, Aung San Suu Kyi, de 77 años, quien se encuentra en una celda aislada en penosas condiciones en una prisión de la capital, Naipyidó, expuesta a las inclemencias del tiempo y sin recibir suficiente alimentación, según publicó en julio Myanmar Now.
AAPP también indica hoy que los prisioneros políticos son trasladados con frecuencia de prisión, y "apaleados y torturados sin motivo", además de ser víctimas de trabajos forzosos como trasladar aguas residuales o sacos de arroz, y en ocasiones se les obliga a dormir cerca de los residuos.
La ONG denuncia igualmente que la covid-19 se propaga por las prisiones sin que los enfermos, a quienes se aísla, reciban tratamiento médico, y, como no pueden ser visitados por familiares, no pueden tener acceso a medicinas del exterior.
Asimismo, alerta de la presión psicológica sobre los presos en el corredor de la muerte a raíz de la ejecución el pasado julio de cuatro activistas, entre ellos dos disidentes prominentes cercanos a Suu Kyi, que supuso la primera aplicación de la pena de muerte en las últimas tres décadas en Birmania.
Entonces, la junta advirtió que más presos en el corredor de la muerte serían ejecutados, lo que ha llevado a algunos reos a iniciar huelgas de hambre en algunas prisiones; en una de ellas, la ONG afirma que, en respuesta a la negativa a comer de los presos, se escucharon disparos en la cárcel, lo que preocupa a los familiares.
El golpe de Estado ha sumido a Birmania en una profunda crisis política, social y económica, y abrió una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.
AAPP, que desde la asonada contabiliza a diario la cifra de detenidos y asesinados por las fuerzas militares, indica en su página web este jueves que hay actualmente 11.967 civiles detenidos, y en estos dieciocho meses 2.167 personas han muerto en manos de los soldados y la policía.