ONU documenta escalada de crímenes contra humanidad en Birmania tras el golpe

Investigadores de la ONU indicaron este martes que el golpe militar de febrero de 2021 intensificó los crímenes de lesa humanidad en Birmania (Myanmar), tras recolectar tres millones de pruebas en los últimos tres años.

Un miembro de las fuerzas de seguridad birmanas portando una escopeta en el sitio de uno de los enfrentamientos entre manifestantes y las autoridades.
Un miembro de las fuerzas de seguridad birmanas portando una escopeta en el sitio de uno de los enfrentamientos entre manifestantes y las autoridades luego del golpe de Estado, en marzo de 2021.HANDOUT

Crímenes contra la humanidad y de guerra, violencia y agresión sexual contra mujeres y niños y muertes bajo custodia son algunos de los delitos por parte del Ejército y otros grupos armados investigados por el Mecanismo de Investigación Independiente para Birmania (IIMM, siglas en inglés), que hoy publicó su informe anual.

“Los crímenes contra mujeres y niños están entre los más graves delitos internacionales, pero históricamente son poco investigados”, indicó Nicholas Koumjian, jefe del mecanismo de la ONU, en un comunicado.

El IIMM, creado en septiembre de 2018 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, recogió evidencias a través de cerca de 200 fuentes como entrevistas, vídeos, fotografías, imágenes satélite y las redes sociales.

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El fin era recoger, preservar y analizar evidencias sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Birmania desde 2011, incluida la persecución de la minoría musulmana rohinyá, pero el golpe militar aumento la carga de trabajo del mecanismo por el aumento de la represión y el conflicto.

"Esto ha supuesto un desafío importante, dados los limitados recursos del mecanismo. Los específicos eventos desde el levantamiento militar en febrero de 2021 (...) centran ahora la atención de la investigación del mecanismo", señala el informe.

En el comunicado, los investigadores destacan la ejecución de cuatro opositores por parte de la junta el pasado 25 de julio tras un juicio opaco y sin garantías, algo ocurrido antes de la finalización del informe anual.

Los rohinyás viven en una situación de “apartheid” en Birmania y más de 720.000 tuvieron que huir del país a la vecina Bangladesh tras unas operaciones militares en 2016 y 2017 que están siendo investigadas por presuntos crímenes contra la humanidad y genocidio en los tribunales internacionales.

El año pasado, los militares tomaron el poder en un golpe de Estados que ha sumido al país en una grave espiral de represión y violencia, al tiempo que ha exacerbado el conflicto con las guerrillas y nuevos grupos armados.

“Los apuros continuos de los rohinyás y la continua violencia en Birmania ilustra el importante papel del Mecanismo para facilitar la justicia y la depuración de responsabilidades y ayudar a detener más atrocidades”, concluyó Koumjian.

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