De esa forma, el Supremo satisfizo la petición de la Fiscalía, que logró también que se prohíban las actividades de Azov en territorio de este país.
En mayo pasado, cuando el Ejército ruso se hizo con el control del puerto de Mariúpol (mar de Azov), la Fiscalía rusa pidió proscribir Azov, cuyos hombres se atrincheraron durante semanas en la acería Azovstal.
Rusia, donde algunos diputados han pedido la pena de muerte para los miembros del batallón, a los que consideran "nazis", ha trasladado a muchos de los prisioneros, incluido varios de sus mandos, a penitenciarías en la región rusa de Rostov.
Según los separatistas prorrusos, más de 500 efectivos de Azov y otros batallones armados ucranianos son sospechosos de crímenes de guerra.
El Comité de Instrucción de Rusia recaba desde hace meses los crímenes cometidos por Azov contra la población civil en Ucrania, especialmente en el Donbás.
Políticos rusos han pedido prohibir por ley el canje de esos prisioneros por soldados rusos en poder del Ejército ucraniano.
Según la prensa, entre los 50 prisioneros ucranianos muertos la semana pasada en el ataque contra una prisión prorrusa en Donetsk había efectivos de dicho batallón.
Azov fue creado en 2014 en Mariúpol después de la sublevación prorrusa en la región de Donetsk, tras lo que se integró en la Guardia Nacional ucraniana.