La fiscalía acusa a Cristina Fernández Vda. de Kirchner de integrar “una asociación ilícita” por presuntamente defraudar al Estado durante su gobierno, en supuestos delitos que comenzaron en la anterior presidencia de su difunto esposo Néstor Kirchner (2003-07), fallecido en 2010.
Kirchner, quien también es presidenta del Senado, asiste a la audiencia en forma remota desde su despacho en el Congreso Nacional.
En este caso, en el que hay otros 12 involucrados, se investiga si hubo un direccionamiento en la adjudicación de obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz, cuna política de los Kirchner, concedidas al empresario Lázaro Báez, y también si hubo sobreprecios.
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Inicio del juicio
El juicio se inició el 21 de mayo de 2019, contó con más de un centenar de testigos y debió ser suspendido temporalmente en 2020 por la pandemia de covid-19.
Si llega a ser condenada, Kirchner quedará inhabilitada políticamente.
La vicepresidenta de 69 años fue sobreseída en varias causas por presuntos delitos ocurridos en sus dos períodos presidenciales (2007-2015) , pero aún enfrenta cinco procesos.
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El primer día
El Ministerio Público Fiscal “tiene por acreditado que existió entre 2003 y 2015 una asociación ilícita que tuvo en la cúspide de su funcionamiento a quienes fueron jefes de Estado”, dijo el fiscal Diego Luciani.
Según el fiscal, “hubo un acuerdo para mantener una puesta en escena entre todos los involucrados” para la realización de las obras que, aseguró, generaron “inconmensurables pérdidas para el Estado” y “siguen sin terminarse” .
Sin embargo, una auditoría realizada a pedido de la justicia por Vialidad Nacional, una entidad adscrita al ministerio de Obras Públicas, determinó que los trabajos fueron finalizados.
