Además, es un crimen que se incrementa con la tecnología, que se convierte en un arma de doble filo.
Con motivo de la conmemoración este sábado del Día Internacional Contra la Trata de Personas, la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR) recuerda que a nivel global este delito afecta principalmente a mujeres y niñas -65 %-, y que la mitad de las víctimas sufrieron explotación sexual, para un total de 2,5 millones de personas afectadas.
"Hablar de trata de personas es hablar de un delito grave, de una grave violación a los derechos humanos que está relacionada con temas de violencia estructural, migraciones, conflicto armado y las múltiples vulnerabilidades que enfrentan las comunidades, además de pobreza", cuenta en una entrevista con Efe Doris Hernández, líder de Construcción de Paz y doctrina institucional de la Cruz Roja Colombiana.
Gran parte de las víctimas de trata de personas en el mundo sufre explotación sexual, pero también existe la adopción ilegal, la explotación de la mendicidad, trabajos forzados, servidumbre o matrimonios serviles. En el caso de América Latina, más o menos la mitad de los delitos de trata están relacionados con la explotación sexual.
Y dentro de esta modalidad existe un impacto diferenciado, ya que afecta en su mayoría a mujeres y niñas, especialmente tras la pandemia, que "acrecentó las vulnerabilidades de las mujeres", acompañado de un incremento de los casos de trata de personas, violencia doméstica y sexual.
En Suramérica, 80 % de las víctimas de trata son de sexo femenino, de las cuales un 31 % son niñas.
Este año, la ONU decidió poner el foco en el rol que puede jugar la tecnología en este delito y en cómo de alguna forma puede ser causa y aumentar las "trampas" para captar víctimas, pero también un mecanismo que puede servir para hacer pedagogía y como herramienta de prevención.
IDENTIFICAR EL DELITO
"En mi caso me di cuenta demasiado tarde de que estaba siendo víctima de trata de personas", cuenta un sobreviviente colombiano a Efe, porque "antes de irme de Colombia me propusieron muchas cosas, me ilusionaron; quería ganar mucho dinero, quería tener muchas comodidades".
Pero después del primer mes le quitaron el pasaporte, los "encerraron en una pieza". "Allá nos tocó acostarnos en el piso; hacer la comida en un tarro de pintura. Primero nos prometen muchas cosas y cuando ya estamos en otro país nos quitan prácticamente la libertad, porque ni siquiera nos dejan salir del lugar donde estábamos", relata.
Entre los retos que enfrentan los países para atajar este delito está precisamente el desconocimiento como fenómeno de vulneración, además de la naturalización de prácticas y estereotipos culturales que favorecen su ocurrencia.
"Una de las particularidades de este fenómeno es que no se tiene mucha conciencia acerca de que es un delito y la gravedad de este fenómeno", lo que lleva, a veces, a estar "invisibilizado", alerta Hernández.
A esto se suman las dificultades de los estados para implementar las políticas construidas y brechas en el conocimiento en sus funcionarios, deficiente identificación y distinción frente a otras situaciones ilegales u otras formas de violencia.
DENUNCIAR
"Tuvimos muchas dificultades para poder denunciar porque un compañero trato de volarse (escaparse), y le mostraron fotos donde estaba la mamá, para decirle que si denunciaban, nuestra familia iba a pagar las consecuencias. Teníamos mucho temor", continúa la víctima.
En el caso de la red que explotaba a este sobreviviente, "los venían investigando y la misma Policía fue la que nos rescató" y la desmanteló.
Tras denunciar, los sobrevivientes deben tener un acompañamiento que puede llegar tanto de los organismos estatales como de entidades privadas como la Cruz Roja. "Cuando llegué a Colombia, la Cruz Roja se comunicó conmigo para proporcionarme ayuda psicológica, económica y académica".
A su vez, la dificultad para denunciar hace que haya un subregistro de los casos, lo que significa que no se cuenta con los datos suficientes para dar una mayor visibilidad y solicitudes de fondos de apoyo.
TRATA EN COLOMBIA
En Colombia hay diversos factores detrás del comercio de personas, especialmente un tema estructural y de factores económicos y sociales que "aumentan el riesgo para las víctimas", estos atravesados por la migración y por el conflicto armado que se vive en el país, explica Hernández.
Como en muchos otros países de la región, hay "escenarios multiafectación": en un mismo entorno geográfico podemos encontrar víctimas del conflicto, víctimas de desastres naturales y de otras situaciones de violencia.
De hecho, la situación en Colombia ha llevado a la Defensoría del Pueblo a emitir alertas de riesgo tempranas relacionadas con la trata de personas.
Según cifras del Ministerio del Interior de Colombia y a pesar de ser un fenómeno muy infrarrepresentado, entre 2013 y 2020 fueron registrados 686 casos de trata de personas, de los cuales el 82 % correspondió al género femenino, siendo la modalidad de explotación sexual la de mayor preponderancia, con 408 casos, seguido por trabajos forzados, con 134.
El año pasado, hasta el 14 de octubre, la Policía identificó a 123 víctimas de trata, la mayoría mujeres, y 34 menores, y detuvo a al menos 33 personas por este delito.
El Gobierno colombiano tiene habilitada una línea de teléfono gratuita (01 8000 52 2020 a nivel nacional o +57 (1) 6001035 desde fuera del país) a la que se puede llamar si se quiere consultar una oferta de trabajo demasiado atractiva, sobre la ruta de asistencia a una víctima de trata de personas, sobre recomendaciones para antes y después de viajar o para dar a conocer posibles casos de trata.