“Esta mañana presentamos un pedido para que se rechace tanto la pretensión de la tripulación para salir del país como la devolución del avión”, confirmó a Efe la abogada de la DAIA, Marta Nercellas, que es querellante en la causa.
La presentación de la asociación israelita se realizó después de que el juez, Federico Villena, que analiza el caso, diera la orden de liberar la carga de la aeronave este lunes.
El avión es un Boeing 747 Dreamliner de carga, fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenece a Emtrasur, filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por presunta colaboración logística para organizaciones terroristas.
“La carga estaba bien, por lo cual el juez hizo lo que correspondía”, indicaron a Efe, fuentes de la Dirección General de Aduanas de Argentina.
La aeronave ingresó a Argentina el 6 de junio pasado, procedente de México, efectuando una escala en Venezuela, para trasladar un presunto cargamento de repuestos para una empresa automotriz, 2 días después despegó para cargar combustible en Uruguay, pero debió volver al Aeropuerto Internacional de Ezeiza porque el país vecino no autorizó su aterrizaje.
Las petroleras argentinas decidieron no venderles combustible por temor a las sanciones norteamericanas y recién el 11 de junio el Gobierno local ordenó la retención del aeroplano y a sus 19 tripulantes, 5 iraníes y 14 venezolanos.
“Fundamentamos el rechazo de la liberación de los tripulantes en todas las razones jurídicas, que así lo justifican, desde el peligro de fuga y teniendo como antecedente la previa conducta de Irán respecto de otros exhortos diplomáticos que se le giraron y porque faltan un montón de pruebas a realizar”, explicó la abogada de la DAIA.
Uno de los pilotos, provenientes del país persa, Gholamreza Gashemi se llama igual que un miembro de las Fuerzas Quds -una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria islámica-, definida por Estados Unidos como instructores de Hezbolá.
Este caso generó gran revuelo en la sociedad argentina, que todavía tiene fresco el recuerdo de los atentados terroristas que sufrió en 1992 contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
“Nos basamos en los convenios internacionales firmados por nuestro país en donde nos obliga a investigar los temas de presunción y financiamiento de terrorismo de la forma más exhaustiva”, concluyó Nercellas.