La medida fue anunciada por el ministro de Justicia y Servicios Penitenciarios de Sudáfrica, Ronald Lamola, y por la fiscal general del país, Shamila Batohi, en una rueda de prensa en Pretoria en la que se mostraron optimistas sobre el proceso, si bien advirtieron que la extradición podría tardar "varios meses".
"Podemos confirmar que la petición de extradición ha sido debidamente remitida a la autoridad central de EAU", dijo Lamola, tras recordar que a los dos hermanos Gupta se los busca por fraude, lavado de dinero y otros cargos.
Ambos acusados fueron arrestados a comienzos de junio pasado en Dubái gracias a una alerta roja emitida por Interpol.
Emigrados a Sudáfrica en los años 90, a los hermanos Gupta se los buscaba en la nación austral africana desde 2018, año en el que, tras la dimisión forzada de Jacob Zuma en medio de numerosos escándalos, las autoridades comenzaron a impulsar investigaciones, órdenes de arresto e incautaciones de los millonarios bienes de la familia.
En Sudáfrica habían levantado un imperio empresarial gracias, en gran medida, a sus negocios presuntamente fraudulentos con el Estado.
Estos prosperaron apoyándose en las cercanas relaciones de los tres hermanos Gupta -Ajay (quien todavía no ha sido detenido), Atul y Rajesh- con el expresidente Zuma y otros políticos de su círculo.
Sus intereses empresariales abarcaron todo tipo de sectores, desde el energético a la minería, pasando por medios de comunicación y ferrocarriles.
En 2016 un informe publicado por la entonces defensora del Pueblo sudafricana, Thuli Madonsela, detalló cómo los Gupta tenían prácticamente bajo su poder el aparato del Estado, en un contexto de corrupción generalizada y de saqueo de las instituciones y de las empresas públicas (la mayoría de las cuales aún atraviesan, en consecuencia, profundas crisis).
Hasta los nombramientos de los responsables de las carteras de Gobierno más importantes, como el Ministerio de Finanzas, estaban entonces supeditados, según aquel informe, a servir a los intereses fraudulentos de los Gupta y del círculo político de Zuma.
Esta gran investigación de corrupción, que tiene numerosas ramificaciones, es conocida en Sudáfrica como la "Captura del Estado".
En el marco de esa investigación, Zuma fue citado a declarar en varias ocasiones y su negativa a comparecer -bajo el argumento de que las acusaciones contra él forman parte de una gran persecución por motivos políticos- le ocasionó un castigo de 15 meses de cárcel el año pasado (si bien se le concedió después una cuestionada libertad condicional).
Los Gupta, por su parte, permanecían fuera del país desde los tiempos de la salida de Zuma del poder y, aunque era conocido que se encontraban en Dubái, hasta el año pasado Sudáfrica no logró que Interpol emitiera la correspondiente alerta roja contra al menos dos de los hermanos.