"Camaradas, cuando la patria está en peligro, todo es lícito, menos dejarla desaparecer o perecer. Estamos en esa circunstancia. Les pido que se pongan en pie, que recuperen su autonomía intelectual y política, que se unan, que se organicen y que establezcamos un adecuado enlace entre todos nosotros", aseveró el exoficial del Ejército en un video difundido por las redes sociales.
"Tenemos que estar al lado de nuestro Ejército si las circunstancias, como pareciera ser, se pronuncian en más disolución y violencia", agregó.
En este sentido, la Secretaría de Derechos Humanos solicitó que la Justicia federal investigue "de manera urgente" estas afirmaciones, ante la "posible comisión del delito de amenaza pública e idónea contra las autoridades democráticamente electas", tipificado en el artículo 226 bis del Código Penal argentino, que prevé penas de entre 1 y 4 años de prisión para estos supuestos.
Según el organismo oficial, las expresiones de Rico son "contundentes y tuvieron una gran repercusión pública", especialmente por proceder de un ex teniente coronel "con contactos políticos, militares y policiales".
La formalización de la denuncia ante la Justicia fue realizada por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, quien justificó esta decisión como un "deber indeclinable" de las autoridades a fin de "garantizar la vigencia de la democracia, de asegurar el 'Nunca más' y hacer realidad los postulados de memoria, verdad y justicia".
"A casi 40 años de la vuelta de la democracia, y luego de más de 20 años de reiniciados los juicios de lesa humanidad durante la última dictadura (1976-1983), este tipo de acciones, que buscan desestabilizar la democracia, no pueden ser toleradas", subrayó la Secretaría de Derechos Humanos en un comunicado.
Aldo Rico, quien también se desempeñó como diputado nacional (1993-1997) y como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires (1999-2000), fue uno de los oficiales que encabezaron los alzamientos de los denominados "carapintadas", unas sublevaciones realizadas en 1987 y 1988 contra el Gobierno de Raúl Alfonsín.