"Lamentamos el fallecimiento de tres policías salvadoreños este día, uno de ellos, el Inspector (Carlos) Velásquez, recién graduado de un curso que brindamos sobre el uso de la fuerza, doctrina policial y Derechos Humanos", publicó en Twitter la representación diplomática.
Agregó que "ofrecemos nuestro más sentido pésame a sus familias".
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, informó en una conferencia de prensa sobre este triple crimen, perpetrado por supuestos miembros de la pandilla Barrio 18, facción Sureños.
"En un enfrentamiento con pandilleros en Santa Ana, tres de nuestros agentes de la PNC han fallecido víctimas del fuego de las pandillas", dijo el mandatario.
Indicó que "fueron atacados mientras hacían tareas de patrullaje" e indicó que las autoridades detuvieron a uno de los atacantes, quien se encuentra lesionado.
Bukele sostuvo que "esto nos demuestra que debemos arreciar la guerra contra las pandillas", porque "si paramos ahora, ellos se van a reagrupar".
Agregó que "una vez adaptados a la nueva realidad, va a ser imposible extirpar ese cáncer de nuestro país" y agregó que este recrudecimiento de dicha "guerra" se debe hacer "se queje quien se queje".
Estas son las primeras muertes de agentes de la Policía que se reportan en un enfrentamiento con pandilleros desde que el Congreso, a petición del Ejecutivo de Bukele, decretó el régimen de excepción, que también se ha ampliado en tres veces.
La medida fue adoptada después de que el último fin de semana de marzo una ola de asesinatos se cobró la vida de 87 personas y se atribuyó a las pandillas.
Una investigación del medio salvadoreño El Faro señala que esta escalada de asesinatos se dio tras la supuesta ruptura de una pacto entre el Gobierno y estas bandas, sin que el presidente o las autoridades hayan respondido a esta acusación.
Son más de 43.000 las personas detenidas bajo este régimen, que suspende garantías constitucionales, y las organizaciones de derechos humanos han registrado más de 3.000 denuncias de atropellos, principalmente por "detenciones arbitrarias".
Además, los reportes de los organismos de derechos humanos y de la prensa apuntan a que al menos 52 personas detenidas y bajo custodia estatal han fallecido.