La futura normativa, una vez consensuada con el Parlamento Europeo, exigirá "diligencia debida" a quienes vendan en la UE esos seis productos y sus derivados, que deberán obtener y reportar las coordenadas geográficas del lugar de origen para garantizar que su explotación no erradica masas forestales.
El reglamento, sobre el que los ministros de Medioambiente acordaron una posición común negociadora en un consejo celebrado en Luxemburgo, afectará especialmente a países como Argentina, Brasil, Indonesia, Vietnam o Gana, países considerados de alto riesgo según el "semáforo" con el cual se clasificarán los países productores.
Según la Comisión, las nuevas normas contribuirán a reducir anualmente las emisiones de CO2 en al menos 31,9 millones de toneladas métricas, lo que "podría traducirse en un ahorro económico de al menos 3.200 millones de euros".
La vicepresidenta española y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, celebró como "extraordinariamente positivo" el acuerdo entre las capitales para atajar "uno de los grandes dramas escondidos sobre los que los consumidores europeos tienen poca consciencia del impacto" pero que "afecta a bosques, al cambio climático y a la biodiversidad".
Ribera consideró un "hito" el acuerdo, pese a que en los próximos años habrá que "trabajar para seguir impulsando algunos de los elementos en los que no ha sido posible avanzar en mayor medida", como "la protección de otros ecosistemas, lograr una definición de degradación forestal o fijar umbrales mínimos de protección para los países considerados de bajo riesgo".
Países con grandes explotaciones madereras, como Suecia, habían pedido que la futura legislación no sea demasiado intrusiva en cuanto a cómo explotar las masas forestales dentro de la UE y su diversidad de prácticas en distintos lugares del mundo, pues los estándares que se reclamen fuera del club comunitario tendrán que ser igual de exigentes que dentro.
Esa falta de ambición respecto a la propuesta original de la Comisión Europea irritó a las organizaciones ecologistas, que acusaron a las capitales de "debilitar" la propuesta y dejarla "llena de agujeros como un queso suizo", señaló WWF en un comunicado.
En líneas generales, las ONG han apoyado la iniciativa, pero reclaman, entre otros aspectos, que la norma sea más ambiciosa en la protección de otras grandes áreas de biomasa como humedales, pastizales o sabanas, y que entre en la lista de productos vigilados el caucho, entre otros productos.
La comisión de Medioambiente del Parlamento Europeo tiene previsto votar la propuesta de normativa en julio y fijar la postura de la Eurocámara en una votación en sesión plenaria en otoño, para iniciar a continuación la negociación final con la Comisión y el Consejo.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) calcula que entre 1990 y 2020 se perdieron en el mundo 420 millones de hectáreas de bosque, una superficie mayor que la Unión Europea.