"Los medicamentos abortivos son el tratamiento estándar cuando una mujer embarazada sufre un aborto espontáneo", explicó el secretario de Salud, Xavier Becerra, durante una comparecencia ante los medios para explicar los planes de su departamento tras la sentencia del Tribunal Supremo que elimina la protección legal a la interrupción del embarazo vigente en EE.UU. desde hace 50 años.
Becerra afirmó que esta decisión "lamentable" tendrá como resultado un empeoramiento de la salud e incluso la muerte de algunas pacientes, por lo que su oficina se coordinará con el Departamento de Justicia para tratar de asegurar que los estados no puedan prohibir el acceso a medicamentos abortivos.
En la actualidad, la medicación abortiva está incluida entre los servicios sanitarios que ofrece Medicaid, el programa público de seguros de salud para gente en situación de necesidad del Gobierno estadounidense, pero solo bajo los supuestos de violación, incesto o cuando corre peligro la vida de la madre.
Como repuesta a la sentencia del Supremo, el Departamento de Salud se ha comprometido a tomar medidas para "aumentar el acceso" a los medicamentos abortivos, dijo Becerra.
"Este es un momento de crisis en la asistencia sanitaria. Removeremos cielo y tierra", aseguró el responsable de la Sanidad estadounidense, añadiendo que "todas las opciones están sobre la mesa" de cara a asegurar el acceso de las mujeres a servicios reproductivos tras la sentencia del Supremo.
Aunque el fallo de la Corte Suprema no prohíbe el aborto, sino que devuelve a los estados la potestad de legislar o prohibir la interrupción del embarazo, en la realidad significa que los estados con "leyes resorte" -para entrar en vigor en cuanto el Supremo anulara la protección del aborto- ya han ilegalizado o ilegalizarán pronto la práctica.
Así, el aborto actualmente está prohibido en 7 de los 50 estados de Estados Unidos: Alabama, Arkansas, Kentucky, Misuri, Oklahoma, Dakota del Sur y Wisconsin.
Luisiana y Utah también habían anunciado su intención de prohibir el aborto, pero el lunes dos jueces bloquearon la implementación de las leyes que prohíben este derecho.
Tras las declaraciones de Becerra, el Departamento de Salud emitió una circular en la que recuerda a las mujeres que tienen derecho a acceder a medicamentos anticonceptivos gratuitos bajo la mayoría de programas de seguros sanitarios.
Además, la oficina indicó que las mujeres que lo necesiten pueden optar a ayudas privadas para financiar su viaje a estados donde sea legal abortar a través de la web AbortionFinder.org.