Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori seguirá siendo investigada en libertad, luego de que la Corte Suprema, en una audiencia virtual celebrada esta mañana, declarara infundado un recurso fiscal que buscaba anular la apelación que le revocó la prisión preventiva en abril de 2020.
En la parte resolutiva, los jueces determinaron que “se archive” la solicitud del Ministerio Público que reclamaba que aquella apelación de la defensa de Fujimori nunca debió ser admitida por la Sala Superior Nacional por haberse presentado fuera de plazo.
La Corte Suprema, sin embargo, consideró que el recurso se presentó oralmente en el plazo de la ley y tomó en cuenta, también, el cumplimiento de las reglas de conducta y el diluido riesgo de fuga de la líder del partido fujimorista Fuerza Popular, que hoy carece de mayoría parlamentaria.
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Fujimori celebra el “fin de la maniobra de los fiscales”
Tras conocerse la decisión del tribunal, Fujimori rompió su habitual silencio y celebró el fin de “la última maniobra de los fiscales” para que “vuelva a prisión por cuarta vez”.
“Este es un gran paso a favor del debido proceso. La Corte Suprema ha rechazado las acciones infundadas de un fiscal que, como no tiene elementos sólidos en mi caso, insiste con pedidos que no tienen sustento”, escribió en su cuenta de Twitter.
“Día a día se va confirmando que mi prisión preventiva fue injusta”, agregó la acusada, quien ya pasó entre rejas más de un año entre octubre de 2018 y noviembre 2019.
En esa ocasión, salió tras una apelación, pero luego volvió por otros cinco meses en 2020. Esa segunda vez regresó a la calle a causa de la covid-19 y tras el pago de una fianza de unos 20.500 dólares.
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El caso contra Fujimori y su entorno nació con las revelaciones del caso Lava Jato en Perú y el reconocimiento por parte de Odebrecht de que aportaron dinero de forma irregular tanto a Keiko Fujimori como a otros líderes políticos de Perú durante las elecciones de 2011 y 2016.
Pero la empresa brasileña no fue la única en entregar millonarias donaciones ocultadas luego por el partido Fuerza Popular, pues Credicorp, el mayor grupo financiero de Perú, dio 3,6 millones de dólares que no quedaron registrados en ningún lugar, según confesó su presidente, Dionisio Romero, uno de los hombres más ricos del país andino.
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