“Esta colaboración ampliada podrá ser una nueva herramienta, que se valdrá del uso compartido de inteligencia generada por datos de satélite”, que permitirán trazar un “mapa” de las acciones de las organizaciones ilegales y “contener el crimen y la violencia”, dijo el ministro de Justicia de Brasil, Anderson Torres.
Según el Ministerio de Justicia de Brasil, promotor de la cita, que se realizó a puerta cerrada, asistieron autoridades del área de seguridad de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay, con Venezuela como único ausente.
Básicamente, la idea es concentrar a representantes de organismos de seguridad de los países de la región en el Centro de Cooperación Policial Internacional (CCPI) que funciona en Río de Janeiro y fue creado en 2014 para coordinar la seguridad del Mundial de fútbol de ese año, celebrado en Brasil, y de los Juegos Olímpicos de Río 2016.
Según el ministro Torres, el "plan de trabajo" de los agentes que operarán conjuntamente en Río de Janeiro será presentado a los otros países en el plazo de un mes por la Policía Federal de Brasil.
La iniciativa se suma a otras similares que han sido impulsadas en la región en las últimas décadas y que han creado un entramado burocrático que hasta ahora se ha mostrado poco efectivo frente a un crimen trasnacional que se fortalece y mueve miles de millones de dólares cada año.
El caso de Marcelo Pecci
Esas organizaciones ilegales han diversificado sus actividades y abarcan el tráfico de drogas, personas, minerales, madera, fauna y flora silvestre, entre muchos flancos, que también implican una suerte de "cooperación violenta" entre las mafias.
Es el caso del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado en mayo pasado en el Caribe colombiano y quien habría sido “condenado” por el Primer Comando de la Capital (PCC), banda nacida en las prisiones de Brasil y que hoy tiene tentáculos en casi toda la región.
En ese marco, que incluye a miles de víctimas anónimas, pueden ubicarse también los asesinatos, hace sólo 15 días, del indigenista brasileño Bruno Pereira y del periodista británico Dom Phillips en un recóndito rincón amazónico en las fronteras entre Brasil, Perú y Colombia, atribuido a mafias de pescadores ilegales.
Frente a esas amenazas, Brasil ya había convocado en 2016 una Reunión Ministerial del Cono Sur sobre Seguridad Fronteriza a la que asistieron autoridades de Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay que, así como este mismo jueves, se comprometieron con una mayor cooperación contra el crimen organizado.
Como base para esas acciones se incluyeron entonces algunos mecanismos regionales, como la Comunidad de Policías de América (AméricaPol), fundada en 2007 e integrada por organismos de treinta países.
Esos mismos asuntos, de hecho, son tratados en el Consejo de Ministros del Interior y Seguridad del Mercosur y Estados Asociados, cuya última cita fue celebrada el pasado 3 de junio en Paraguay, que ejerce la presidencia rotativa del bloque suramericano.
A esa instancia, creada en 1991, se le agregó a inicios de este año el Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI), apoyado también por la Unión Europea (UE) y al que han adherido hasta ahora Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, México, Paraguay y Perú.
El CLASI, a su vez, nació bajo moldes ampliados y parecidos a los que dieron lugar al extinto Consejo Suramericano de Defensa creado en el marco de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur) en 2009 y al que se sumaron en la época los doce países de la región.
Esa plataforma, sin embargo, desapareció a medida que la Unasur fue virtualmente desmantelada con la salida de países que pasaron a tener gobiernos conservadores, como el caso del propio Brasil, y hoy sólo está integrada por Bolivia, Guyana, Surinam y Venezuela.