En un acto público en Pretoria, Ramaphosa recibió de manos del magistrado Raymond Zondo -presidente del Poder Judicial y encargado de liderar esta investigación- los volúmenes V y VI de las conclusiones extraídas de la denominada Comisión de Investigación sobre las Alegaciones de Captura del Estado, después de casi cuatro años de trabajo.
"A todos los sudafricanos, gracias por vuestro apoyo. Esperamos que con el trabajo que hemos hecho en la comisión hayamos conseguido una contribución hacia la resolución de los problemas de corrupción en nuestro país", dijo el juez Zondo.
Por su parte, Ramaphosa agradeció el "monumental" trabajo del magistrado y aseguró que sus informes han servido para entender las dimensiones y protagonistas de esta gran trama de corrupción, conocida popularmente como la "captura del Estado".
"La captura del Estado fue realmente un asalto a nuestra democracia. Violó los derechos de todos los hombres, mujeres y niños de este país", subrayó el mandatario.
La comisión presidida por Zondo, que desde 2018 realizó más de 400 audiencias, tenía como objeto aclarar si, durante el gobierno de Zuma, el aparato público sudafricano funcionó como un engranaje para beneficiar de forma fraudulenta al poder y a empresarios cercanos, que influían incluso en la entrada y salida de los ministros en función de sus intereses.
Ante ella testificaron empresarios, ministros y el propio Ramaphosa, entre muchas otras personalidades.
El propio Zuma -obligado a dimitir de la Presidencia en 2018 por su propio partido, el Congreso Nacional Africano, CNA- también acudió a declarar en la primera fase de la investigación, pero posteriormente se negó a cumplir con sus citaciones obligatorias, lo que en 2021 le valió una pena de 15 meses de prisión por desacato (si bien actualmente disfruta de una cuestionada libertad condicional por motivos médicos).
Entre los presuntos beneficiados de esta gigantesca trama de corrupción sistémica destacan los Gupta, una familia de empresarios de origen indio liderada por tres hermanos, de los cuales dos fueron arrestados en Dubái a comienzos de junio.
Las acusaciones, que salpican a todo tipo de instituciones y empresas públicas, partían de un informe titulado la "Captura del Estado", elaborado en 2016 por la entonces defensora del pueblo, Thuli Madonsela.
Ese informe recomendaba la creación de una comisión de investigación para lidiar con el problema, que en 2018 se materializó en el trabajo liderado por Zondo.
La Captura del Estado dejó una profunda huella de deudas y mal funcionamiento en todo tipo de organismos del Estado, desde la Fiscalía hasta la gigantesca compañía estatal que suministra la electricidad en el país (Eskom), pasando por los ferrocarriles, las agencias de seguridad y otros servicios públicos.
La comisión de investigación del juez Zondo no tiene potestad para procesar judicialmente, pero sus averiguaciones pueden ser usadas como pruebas ante los tribunales en el futuro.
Durante la entrega, Ramaphosa explicó que presentará pronto el informe en el Parlamento (si bien el texto será público desde esta noche), así como los planes del Gobierno para implementar sus recomendaciones.