La pasada semana el Gobierno español aprobó un proyecto de ley que puede ser modificado en el Congreso y el Senado, pero debería abrir la puerta a una mayor conciencia en la sociedad de un problema que supone un 8 % del total de las emisiones mundiales de gases invernadero.
El texto propone multas de hasta medio millón de euros (unos 535.000 dólares) por desperdiciar y obliga a las empresas de la cadena alimentaria a contar con un plan de prevención para minimizar las pérdidas y destinar los alimentos a otros usos, con prioridad para el consumo humano.
Podrán no tener ese plan los comercios de menos de 1.300 metros cuadrados mientras que las empresas de hostelería tendrán la obligación de facilitar al consumidor llevarse, sin coste adicional, los alimentos que no haya consumido.
Dentro de las organizaciones civiles y empresariales hay diversidad de opiniones aunque valoran que se haya dado un primer paso que pueda cambiar conciencias.
"Nuestras abuelas tenían un criterio de que la comida era sagrada, tenían un aprovechamiento de todo, en estos últimos cuarenta años hemos ido perdiendo esa cultura y recuperarla no es fácil, habrá que empezar en las escuelas y a muchísimos niveles", dice a EFE José María Medina, de la organización Enraíza Derechos, que lucha contra el desperdicio.
MAYOR DESPERDICIO EN LOS HOGARES, PERO SUCEDE EN TODA LA CADENA
Según cuenta Medina, los estudios actuales apuntan a que el "grueso" del desperdicio sucede "en el consumo familiar", aunque también se da "en la producción y en la distribución".
De acuerdo a datos del Ministerio español de Agricultura, en tres de cada cuatro casas españolas se tiran alimentos a la basura, una tendencia que aumenta en verano por el aumento del calor o por falta de organización ante las vacaciones.
"Los hogares tienen que cambiar el chip, esto es una cadena, hay que estar en la prevención para tener que paliar lo menos posible y fomentar la donación de alimentos", dice a EFE Paula Nevado, secretaria general de la asociación Marcas de Restauración.
En esa línea, Nevado asegura que su organización, que engloba 45 empresas como KFC, McDonald's o Dunkin Donuts, "celebra el hecho de que se esté tramitando" una ley sobre un tema que ellos "identificaron" hace varios años.
"Quisimos poner el foco para dar a conocer el problema, sensibilizar a nuestras empresas sobre el desperdicio y el impacto medioambiental, económico, y social que tiene, pusimos la mirada en Italia, donde eran pioneros con la ley del Buen Samaritano" que incentiva la donación de alimentos.
Una de las cuestiones que genera polémica es precisamente en qué legislación debe inspirarse España, en la italiana o en la francesa, más estricta con los productores y distribuidores.
Es una de las críticas de Medina, quien cree que la redacción actual de la ley "se fija mucho en el desperdicio de los consumidores y no en el resto de actores de la cadena": "hay desperdicio en todos, desde la producción al consumo, pasando por la distribución".
"En la ley francesa, los establecimientos de más de 400 metros cuadrados tienen la obligación de donar los excedentes antes de que caduquen, pensábamos que ley española tomaría este modelo pero se establece que es obligatorio para los de más de 1.300 metros cuadrados, el triple de grande", lamenta.
LAS ALTERNATIVAS PARA NO DESPERDICIAR
La empresa danesa "Too good to go" (demasiado bueno para perderse) lleva desde 2018 radicada en España, donde opera con una aplicación en la que un cliente puede aprovechar las sobras de un restaurante o un establecimiento de alimentación a un precio menor.
Helena Calvo, responsable de proyectos de sensibilización de la compañía, explica a EFE que cada uno de los cinco millones de usuarios pueden acudir a restaurantes, panaderías, supermercados, hoteles o incluso productores o fabricantes que tienen punto de recogida.
“Hemos conseguido salvar 7,7 millones de kilos de alimentos hasta ahora, al principio la temática del desperdicio desconcertaba un poco, pero ahora creemos que hay una sensibilidad diferente”, narra.