La misiva, difundida este martes por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), se enmarca en el aniversario número 11 de la Ley de Salud Mental, que supuso un "hito" para el país suramericano, puesto que reconoció derechos relacionados con la dignidad y la plena capacidad de estas personas, así como la "atención integral" de su salud.
La normativa, cuya posible modificación está siendo debatida por el Congreso, contemplaba la creación de un sistema de salud "descentralizado y accesible", en el que los centros de atención primaria dispusieran de servicios interdisciplinarios y todos los hospitales públicos y privados brindasen atención ambulatoria e internaciones en salud mental.
Once años después de su sanción, y en un escenario de "creciente demanda" de los servicios de salud mental, los firmantes de la carta destacaron que resulta "fundamental" que se avance en la "plena implementación" de la ley, desarrollando acciones de prevención y asegurando la atención ambulatoria y de internación en todos los hospitales, entre otras medidas.
"Para lograrlo es fundamental que el Congreso Nacional, al momento de discutir la ley de presupuesto, garantice un aumento de los recursos financieros dirigidos a las políticas de salud mental y adicciones a los fines de cumplir con lo estipulado por la ley, que establece que, como mínimo, el 10% del presupuesto total de salud debe asignarse a las partidas destinadas a salud mental", subrayaron.
En opinión de estas organizaciones, una posible reforma de la ley implicaría "un grave retroceso" en la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial, al tiempo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado argentino "por violación de los compromisos asumidos en la materia".
"Frente a una realidad que demanda acciones y soluciones concretas por parte del Estado, consideramos que las respuestas deben orientarse a fortalecer la implementación de la ley y la adopción de normativas más protectoras de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud mental, y deben evitar cualquier retroceso que atente contra los estándares ya garantizados a nivel nacional e internacional", concluyó la carta.
EL CASO DE "CHANO"
Los debates en torno a la Ley de Salud Mental de Argentina cobraron una relevancia especial en las últimas semanas por el caso del músico Santiago "Chano" Charpentier, quien a finales de mayo volvió a ingresar en una clínica por su adicción a las drogas.
En una reunión organizada por parlamentarios que impulsan una modificación de la normativa vigente, Marina Charpentier, madre del músico, relató en primera persona el calvario que sufren los familiares de los enfermos, ya que la actual ley no permite ingresarles en instituciones médicas sin consentimiento de los pacientes si son mayores de edad.
En caso de que el paciente no exprese su voluntad de recibir un tratamiento, sus familiares requieren la certificación de un equipo interdisciplinario de profesionales que avale la situación de riesgo para el enfermo, algo difícil de lograr y que, además, es costoso.
"Una persona adicta tiene su voluntad cooptada por la sustancia y no puede decidir con su sano juicio qué es lo bueno y lo malo para él", aseveró Marina Charpentier, licenciada en trabajo social especializada en adicciones, en referencia al artículo 20 de la ley.
Sin embargo, el Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones (Cofesama), integrado por las 24 provincias del país, emitió este martes un comunicado para ensalzar su apoyo total a la Ley de Salud Mental, señalando que la misma contiene "todas las herramientas necesarias" para la atención efectiva en esta materia.