La decisión fue tomada por la Sala Penal de Apelaciones del distrito de Puente Piedra, en el norte de Lima, que revocó una resolución que declaró improcedente una demanda de habeas corpus que presentó Montesinos contra Susana Silva, la expresidenta del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), informaron medios locales.
Silva ordenó en agosto pasado su traslado a la prisión de alta seguridad de Ancón.
El tribunal determinó que se había vulnerado "su derecho constitucional al trato digno", por lo que consideró "inaplicable" la orden de su traslado y exigió que se le aplique un régimen carcelario especial en la cárcel de Ancón.
Por ese motivo, ordenó a la actual presidencia del INPE que "disponga el traslado" de Montesinos al Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval (Cerec), ubicado en la provincia portuaria limeña del Callao.
Montesinos fue transferido de prisión en agosto pasado tras un decreto que fue firmado por el presidente Pedro Castillo y su primer ministro, Aníbal Torres, mediante el cual se creó una norma para la aplicación de un régimen penitenciario "similar" al del Cerec, que es una prisión controlada por la Armada peruana.
Cuando se trasladó al exasesor en la sombra del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Castillo aseguró que iba a permanecer en el penal de Ancón "hasta el fin de su condena" y que durante su gobierno "ninguna persona privada de libertad tendrá un trato privilegiado ni se le permitirá burlar la seguridad de los penales para seguir delinquiendo".
Este anuncio se hizo después de que Montesinos fuera acusado de intentar sobornar a miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para favorecer a Keiko Fujimori, la hija del exgobernante, en sus denuncias de fraude electoral que hizo sin presentar pruebas contundentes.
A pesar de que presuntamente cumplía un régimen carcelario muy estricto en el Cerec, Montesinos fue acusado de haber realizado al menos 17 llamadas telefónicas indebidas para intentar sobornar a varios magistrados en medio de la campaña promovida por Keiko para intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales, que perdió frente a Castillo.
Vladimiro Montesinos, un abogado que tiene actualmente 77 años, cumple una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y es el artífice de la gigantesca trama de corrupción que acaparó el Estado durante el mandato de Fujimori, quien también está encarcelado por crímenes de lesa humanidad en una prisión policial de Lima.
En la Base Naval del Callao también están recluidos los máximos cabecillas de los grupos terroristas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), además del narcotraficante serbio Zoran Jaksic, después de que fuera descubierto un túnel que se construía para que escapara de otra cárcel de Lima.