El periodista británico Dom Phillips, colaborador del diario The Guardian, y el indigenista brasileño Bruno Araújo Pereira se encuentran desaparecidos desde la mañana del domingo en el Valle do Javari, una remota y selvática región en la Amazonía brasileña próxima a las fronteras con Perú y Colombia.
"Todavía no tenemos fuertes indicios de crimen", por lo que no se descartan "todas las hipótesis", inclusive la de "homicidio", señaló en una rueda de prensa en Manaus, la capital regional, Eduardo Alexandre Fontes, superintendente regional de la Policía Federal (PF) en Amazonas.
En una tardía respuesta a la presión ejercida por la opinión pública, la prensa y diferentes organizaciones no gubernamentales, que fue respaldada con una determinación de la Justicia de intensificar las búsquedas y utilizar todos los recursos y equipos necesarios, fue creado este miércoles un Comité de Gerencia de Crisis.
Sin una línea de investigación definida y sin presentar avances de las búsquedas, altos representantes de la Policía Federal, la Policía Militarizada, la Policía Civil, el Cuerpo de Bomberos, Ejército y Marina concedieron este miércoles una rueda de prensa en la que exhibieron imágenes generales captadas en sobrevuelo de las aeronaves de apoyo.
En total, según las autoridades, están siendo empleadas dos aeronaves, tres drones, 16 embarcaciones y 250 efectivos, en una movilización que parece más una respuesta a la decisión de la jueza federal de Amazonas, Jaiza Fraixe, quien consideró "omisión" del Gobierno federal frente al caso.
Según la jueza, el Ministerio Público Federal y la Defensoría Pública de la Nación, órganos que hicieron el pedido a la Justicia, están "autorizados a requerir directamente" de todas las instituciones encargadas de las búsquedas e investigaciones "las acciones urgentes y necesarias".
El general del Ejército Carlos Alberto Mansur, secretario de Seguridad Pública de Amazonas, explicó que el lugar de la desaparición de Phillips y Araujo, es de "difícil acceso", el cual solo puede ser realizado por vía fluvial y aérea, pues está ubicado a unas dos horas en barco de Atalia do Norte.
"Intensificamos la presencia policial en la ciudad y estamos abordando personas", apuntó Mansur.
Phillips y Araújo realizaban investigaciones para escribir un libro sobre las amenazas que sufren los pueblos indígenas a manos de grupos ilegales de mineros, cazadores, taladores de árboles y narcotraficantes que controlan esa remota región.
PRESIÓN AL GOBIERNO
El Gobierno del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, viene sufriendo intensas presiones en el país y en el exterior por mayores esfuerzos en las búsquedas y la movilización de más militares y policías en esas operaciones.
Pese a que el líder ultraderechista manifestó su deseo de que "sean encontrados", admitió la posibilidad de que "hayan sido ejecutados" y dijo que fueron imprudentes por su "aventura" en una región peligrosa.
La Policía arrestó el martes a un hombre identificado como Amarildo da Costa de Oliveira, de 41 años y conocido como "Pelado", que estaba con armas ilegales y drogas y es considerado como "sospechoso" por haber sido visto en una lancha que seguía la embarcación de los desaparecidos.
No obstante, las autoridades indicaron este miércoles que todavía no se ha podido establecer un posible nexo del arrestado con el desaparecimiento del periodista y del indigenista, que ya había denunciado amenazas contra su vida por su labor social en la región.
Este miércoles aumentó la presión contra las autoridades y Human Rights Watch (HRW) pidió "intensificar las búsquedas" y criticó la demora de "dos días" para realizar los sobrevuelos aéreos.
"Es una señal de que el Gobierno Bolsonaro no ha tomado el caso con la debida seriedad", afirmó la directora de HRW Brasil, María Laura Canineo, citada en un comunicado y quien lamentó que ese atraso causa "más angustia" en las familias de los desaparecidos.
En el Congreso se realizó un acto por más acciones del Gobierno en el que la diputada Fernanda Melchionna, del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL), acusó al actual poder Ejecutivo de "garantizar la tierra fértil para el latifundio agrario y acelerar la violencia contra los defensores del medio ambiente".