“Hay que celebrar que hablemos de menstruación en el Congreso”, dijo la ministra de Mujeres, Género y Diversidad argentina, Elizabeth Gomez Alcorta, al participar en la apertura de la jornada “Hacia una Ley Nacional de Gestión Menstrual en la Argentina” organizada por la Banca de la Mujer del Senado.
“Que hoy estemos en el marco de pensar una ley integral desde el Senado, habla de que el tema llegó a la agenda de la política” y de que “es momento de pensar las políticas públicas”, agregó Gómez Alcorta.
Según la ministra, 12 millones de niñas, adolescentes, mujeres, personas trans y no binarias menstrúan en Argentina.
“Entendemos que pensar la gestión menstrual desde la política pública es clave porque es un derecho que nos va a favorecer el ejercicio de otros derechos”, indicó la ministra, por lo que consideró que estos debates “tienen que estar acompañados por varones”.
En la presentación, la ministra abordó la necesidad de tratar la menstruación en el programa de Educación Sexual Integral.
“Estamos dando la pelea para que deje de ser un tabú”, explicó Gómez Alcorta, al indicar que “tiene que salir de la responsabilidad privada” y “romper los estereotipos culturales”, ya que hoy la menstruación “es un tema secreto, para hablar en voz baja”, para pasarse toallitas y tampones “a escondidas” poniéndose “coloradas”.
Brechas y sostenibilidad
La senadora y presidenta de la Banca de la Mujer, María Eugenia Catalfamo, quien dijo que con otras senadoras va a impulsar el proyecto de ley, habló de la “necesidad de visibilizar este tema en el país” en el marco del "28M", el día internacional de acción por la salud de las mujeres, “para eliminar las brechas de género” pero también para que “no implique un costo económico y se garanticen condiciones de igualdad”.
Entre los efectos de la menstruación, la ministra mencionó los días de escuela que se pierden, la imposibilidad de llevar adelante actividades deportivas y de la vida en general y otros panelistas recordaron el ausentismo laboral.
La ministra también señaló “la diferencia de clase” que afecta la gestión menstrual y por eso indicó que esta ley se trata de “hablar de justicia social” por el impacto “muy grande” del costo económico en el desarrollo de la vida cotidiana.
Debido a las diferencias salariales del 28 % entre hombres y mujeres y al costo de comprar toallitas y tampones, la coordinadora de menstruación en Ecofenimista, Agostina Mileo, pidió quitar el impuesto al valor agregado, del 21 %, de esos productos y exigió su distribución gratuita en hospitales, escuelas y cárceles.
Respecto de pensar cómo acceden a los derechos menstruales las masculinidades trans y las personas no binarias, el líder de comunicación de Contratá Trans, Gio Perchivale, pidió que en la ley “se utilice la palabra `persona menstruante` y “no se hable solo de las mujeres”, al recordar que la menstruación es aún más un tema tabú para una “persona que socialmente no debería menstruar” y que la mayoría de quienes integran este colectivo no tienen trabajo formal.
Tomando en cuenta la perspectiva ambiental y de sostenibilidad, se mencionó que los productos tardan 20 generaciones en degradarse: “Estamos extrayendo recursos de la naturaleza para hacer materiales que usamos cuatro horas en el cuerpo, que afectan nuestra salud y que devolvemos a la tierra en forma de basura”, dijo la coordinadora del programa Ecofeminismo de Eco House, Florencia Carabajal.
“Menstruar es (un tema) político no sólo porque tiene que ver con todas las aristas económicas, de salud, de educación y medio ambiente, sino porque también se juega algo vital para la perdurabilidad de la especie”, concluyó Carabajal.