El país está regido por un complejo sistema de reparto de poder entre las comunidades religiosas dominadas por los partidos políticos tradicionales.
Según la Constitución del Líbano, el jefe del Estado debe ser cristiano maronita, mientras que el primer ministro debe ser musulmán suní y el líder del Parlamento, un musulmán chií.
Hezbollah es un partido político, oficialmente constituido en el Líbano, pero que cuenta con un brazo paramilitar que reivindica la lucha armada en Medio Oriente.
En 2019 el Gobierno de Paraguay decidió declarar al grupo Hezbollah y Hamas (facción palestina) como organizaciones terroristas sumándose a Argentina, que bajo administración del expresidente Mauricio Macri (2015-2019) incluyó el movimiento chiita (una rama del islam) libanés en la lista de organizaciones terroristas. Pero Hezbollah no es considerado como terrorista por la ONU.
Estados Unidos sostiene que este grupo es un aliado de la República chií de Irán, un estado teocrático.
Lea más: Posibles financieros de Hezbollah mantienen fuerte presencia en la Triple Frontera
“Hoy, no hay ningún grupo político en el país que cuente con la mayoría parlamentaria, sea nosotros u otro bloque”, afirmó el clérigo, después de que los resultados electorales dejasen ayer en el aire si la Alianza del 8 de Marzo contaría con suficientes respaldos entre los diputados independientes.
Sin embargo, dejó la puerta abierta a una futura coalición más amplia al sentenciar que "tomará tiempo" alcanzar una mayoría.
Lea más: Experto en asuntos del Medio Oriente habla de posible vínculo de Hezbolá con caso Pecci
En estas elecciones participaron un número significativo de candidatos que se presentaron como alternativa a la oligarquía de los partidos tradicionales, muchos de ellos emanados de las protestas masivas iniciadas en 2019 contra la corrupción de la clase dirigente y el sistema político sectario del país.
Entre los encargos del nuevo Legislativo, estarán elegir al próximo presidente de la República a finales de este año y ratificar la composición del Gobierno que tomará las riendas del país después de las elecciones, con el cometido de implementar profundas reformas para salir de la crisis.