De acuerdo con la sentencia, a la que tuvo acceso Efe este miércoles, el Tribunal Municipal Popular de Santiago de Cuba condenó a los acusados a penas que van desde una multa de 3.000 pesos cubanos (125 dólares con el cambio oficial) hasta nueve años de cárcel por los delitos de desacato, atentado y desórdenes públicos.
Los acusados tienen entre 22 y 29 años de edad. Ninguno de ellos tenía antecedentes penales al momento de ser juzgados y cuatro de los cinco estuvieron bajo prisión provisional durante su proceso penal.
La sentencia considera probado que entre los procesados, durante la tarde del 11 de julio, hubo quienes insultaron al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, a la policía ahí presente e invitaron al resto de los manifestantes a unírseles en sus coros.
Además, el tribunal sostiene que algunos lanzaron improperios contra militares, policías y que lanzaron piedras contra los agentes.
Familiares de los condenados y organizaciones no gubernamentales han criticado el juicio, alegando falta de garantías, fabricación de pruebas y penas elevadas.
Los medios extranjeros no tienen acceso a los juicios. Amnistía Internacional solicitó poder asistir a los procesos.
Por su parte, el Tribunal Supremo de Cuba asegura que se ha observado el debido proceso en todas las causas abiertas a raíz de las protestas del 11J.
Según la Fiscalía General de Cuba, se ha procesado por dichas protestas del 11 de julio a 790 personas, de las que 55 tienen entre 16 y 17 años. La edad penal mínima en Cuba son los 16.
Desde diciembre se han registrado en Cuba juicios a manifestantes del 11 de julio, con centenares de acusados.
Según las ONG Justicia 11J y Cubalex, un total de 1.442 personas han sido detenidas en relación con las protestas. De ellas, al menos 756 continúan en centros de reclusión.
La ONG Prisoners Defenders, por su parte, señala que al menos 842 personas se encontraban a finales de 2021 en prisión en la isla por motivos políticos, en su mayoría por los hechos del 11 de julio.
Las autoridades cubanas, por su parte, niegan que en el país haya presos políticos y aseguran que los juicios tienen que ver con “actos vandálicos”.