En un pronunciamiento ante los periodistas, en el que no se permitieron preguntas, el nuevo ministro declaró que su "primer acto" será solicitar al Ministerio de Economía que sean "evaluadas alternativas para la desestatización" de la petrolera, que es la mayor empresa de Brasil.
Agregó además que solicitará también que se inicien "estudios" para analizar las "alteraciones legislativas" necesarias para la privatización, ya que un paso de esa naturaleza dependería de la aprobación del Parlamento, en el que hasta ahora existe una enorme mayoría contraria a que el Estado se deshaga de Petrobras.
Sachsida reemplazó este martes al almirante Bento Albuquerque, quien fue ministro de Minas y Energía desde que Bolsonaro asumió el poder, en enero de 2019, y fue destituido en medio del malestar del gobernante por continuos aumentos del precio de los combustibles, que atribuye a las políticas comerciales de Petrobras.
En su declaración, el nuevo ministro aclaró que "todo" lo que propone en relación a Petrobras "tiene el aval y consentimiento del Presidente de la República", quien más de una vez ha manifestado su deseo de privatizar la empresa, pero siempre se ha encontrado con duras de críticas de casi todos los sectores políticos.
El inesperado cambio en el Gabinete ocurrió seis días después de que Bolsonaro volvió a criticar públicamente tanto a Alburquerque como al presidente de Petrobras, José Mauro Coelho, por las subidas de los precios de los combustibles, que la empresa atribuye a las fuertes oscilaciones de los mercados internacionales
Pese a ser de control estatal, Petrobras tiene acciones negociadas en las bolsas de valores de Sao Paulo, Nueva York y Madrid, y reglas que impiden una intervención directa del Estado.
La petrolera anunció la semana pasada que en el primer trimestre obtuvo un beneficio de 44.561 millones de reales (unos 8.912,2 millones de dólares), en un 3.718 % superior al de los tres primeros meses de 2021 y el mayor valor para el período en su historia.
Esas ganancias fueron calificadas por Bolsonaro de "violación" a los brasileños, por su impacto en una creciente inflación que llega al 12 % anual, es la mayor en casi dos décadas en el país y desde ya se convierte en una piedra en el zapato del líder ultraderechista.
Esa presión inflacionaria ha surgido justamente en momentos en que Bolsonaro se apresta a comenzar su campaña para las elecciones de octubre próximo, en las que aspirará a renovar su mandato.
Sin embargo, hasta ahora las encuestas no le favorecen y todas sitúan como claro favorito para esos comicios al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, referente del progresismo y el principal adversario político de Bolsonaro.