"Las autoridades respectivas deben tomar medidas inmediatas para proteger a niñas, niños y adolescentes de estos departamentos que están viendo afectados sus derechos a la integridad personal y a la educación. Los actores armados, por su parte, deben dejar fuera del conflicto a la niñez, que es víctima permanente de sus ataques", señalaron las plataformas en un comunicado.
El documento fue firmado por la Alianza por la Niñez Colombiana, la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), Niñez Ya y Movilizatorio.
Según la Defensoría del Pueblo, citada por estas plataformas, hay más de dos millones de estudiantes de los departamentos de Córdoba, Bolívar, Antioquia, Sucre, Chocó y Magdalena que "corren peligro por las acciones violentas que están ocurriendo en sus territorios, razón por la cual sus colegios han sido cerrados".
Un ejemplo de eso ocurrió en la Institución Educativa 24 de Mayo del municipio de Cereté, en Córdoba, donde los estudiantes estuvieron en riesgo por disparos, amenazas con armas e intimidación por actores armados.
PARO ARMADO
El "paro armado" del Clan del Golfo, que comenzó el jueves pasado e irá hasta el martes, se realiza en represalia por la extradición a EE.UU. de su máximo jefe, Dairo Antonio Úsuga, alias "Otoniel", el miércoles pasado.
Ese grupo ha restringido el comercio, el desplazamiento de vehículos por carreteras y la movilidad de las personas, amenazando con ataques a quienes transiten por las vías, incluso si van en caravanas escoltadas por el Ejército, en varios departamentos de Colombia, donde decenas de miles de personas viven días de zozobra.
MEDIDAS INMEDIATAS
Es por ello que las plataformas piden a las autoridades "medidas inmediatas para proteger a niñas, niños y adolescentes de estos departamentos que están viendo afectados sus derechos a la integridad personal y a la educación".
"Los actores armados, por su parte, deben dejar fuera del conflicto a la niñez, que es víctima permanente de sus ataques", agregaron.
También pidieron al Gobierno firmar la Declaración de Escuelas Seguras, que ha sido suscrita por 80 países para proteger estudiantes, profesores, escuelas y universidades de los peores efectos del conflicto armado.