Fuentes cercanas al caso indicaron a Efe que la apelación fue rechazada rápidamente, sin escuchar a las dos partes del proceso, uno de los varios a los que se enfrenta Aung San Suu Kyi, que acumula 11 años de cárcel por cargos que ella niega y cuya liberación han pedido numerosos gobiernos en todo el mundo.
Suu Kyi, detenida desde las primeras horas del golpe de Estado perpetrado por los militares el 1 de febrero de 2021, fue sentenciada el pasado 27 de abril por aceptar sobornos por valor de 600.000 dólares y 11,4 kilos de oro de manos del exgobernador de Rangún Phyo Min Thein, quien testificó en octubre contra la líder electa.
Desde la toma de poder, el régimen castrense inició una campaña de acoso judicial contra la nobel de la paz, de 76 años, por una serie de variopintas acusaciones que intentan minar su reputación.
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A principios de diciembre, la política fue condenada a cuatro años de cárcel, rebajados a dos al recibir un perdón de la junta militar, por vulnerar las leyes implementadas contra la pandemia e incitación contra la junta militar.
La derrocada líder también fue sentenciada el 10 de enero a otros cuatro años de cárcel por saltarse durante un acto electoral las medidas contra la propagación de la covid-19 y por la importación ilegal de dispositivos de telecomunicaciones.
Suu Kyi afronta además otras numerosas acusaciones de corrupción por supuestamente abusar de su posición para el alquiler de terrenos, apropiarse de fondos donados a una fundación que ella presidía y construir una residencia con estos, y por la compra y alquiler de helicópteros, todos estos delitos penados con hasta 15 años de prisión cada uno.
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La ex consejera de Estado además es juzgada por supuestamente vulnerar la ley de Secretos Oficiales, penada con un máximo de 14 años de prisión, y es acusada ante la justicia por el delito de fraude electoral durante los comicios de noviembre de 2020.
Los abogados de Suu Kyi, a los que la junta militar ha prohibido hablar con los medios de comunicación, han calificado como una fabricación todas las acusaciones presentadas en su contra.
El golpe de Estado ha sumido a Birmania en una profunda crisis política, social y económica y ha abierto una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.