"Legitimar a líderes de milicias que cometen abusos y ponerlos a sueldo del Estado sin hacer preguntas sólo les empodera para seguir pisoteando los derechos de más personas con total impunidad", señaló la directora de AI para Oriente Medio y Norte de África, Diana Eltahawy, en referencia a su líder Abdel Ghani al Kikli, conocido como "Gheniwa" y uno de los hombres más poderosos de la capital.
La organización aseguró haber documentado casos de simulacros de ejecución, privación de alimentos, palizas, descargas eléctricas, violencia sexual y denegación de atención médica de las personas recluidas en el centro de detención de Al Mayah, bajo control de la SSA y situada al este de Trípoli, después de ser interceptadas en el mar cuando trataban de alcanzar la costa europea.
Este centro, explicó AI, evade la supervisión del Ministerio del Interior puesto que depende del primer ministro mientras rechaza ofrecer información sobre el número de personas retenidas y niega el acceso a organizaciones independientes.
Estos crímenes "son otro triste recordatorio más de que las personas refugiadas y migrantes interceptadas en el mar no deben ser devueltas nunca a Libia. La UE y sus Estados miembros deben suspender urgentemente toda cooperación con Libia en materia de migración y control de fronteras", defendió Eltahawy.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) denunció en febrero que algunos de sus milicianos fueron responsables de la muerte de un hombre y de las heridas sufridas por otros durante la interceptación de una embarcación.
Según Amnistía, la SSA, que juega un papel importante en la protección de edificios oficiales y operaciones de seguridad nacional, obtuvo el pasado año un presupuesto público de 8,5 millones de euros- cerca de la mitad destinado al pago de los salarios- y el primer ministro del Ejecutivo de Trípoli, Abdelhamid Dbeibah, autorizó en febrero una partida de 26 millones de euros.