“No hay palabras para expresar en el día de hoy. No hay nada que repare la vida de los familiares, la vida de mi hijo. Lo que queremos es evitar que el día de mañana pase otra desgracia cómo esta, pero al Gobierno se le olvida que somos seres humanos”, dijo durante el acto Marisol Tapia, madre de Brandon Giovanni, menor fallecido en el colapso del metro.
Tapia forma parte de un grupo de víctimas que no está conforme con lo ofrecido por las autoridades capitalinas para un acuerdo reparatorio.
El 3 de mayo de 2021 un puente elevado de la línea 12, en la alcaldía Tláhuac de la capital mexicana, se derrumbó, lo que provocó que un vagón cayera sobre una vialidad entre las estaciones de Olivos y Tezonco -en Tláhuac, suroriente de la ciudad- quedando encallado en forma de “V”, accidente que dejó 26 muertos y un centenar de heridos.
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Sin embargo, un año después del accidente no hay personas encarceladas por el hecho, aunque uno de los investigados es Enrique Horcasitas, quien trabajó en la gestión del ahora canciller Marcelo Ebrard, entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal (2006-2012), y los primeros dos años de la Administración de Miguel Ángel Mancera (2012-2018), ahora senador de oposición.
Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, dijo el lunes que este día buscarían imputar a 10 presuntos culpables del accidente y compartió que se había alcanzado un acuerdo reparatorio “histórico” con el 90 % de las víctimas.
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“Es fácil decir que falta nada más el 10 %, pero ¿por qué no dicen por qué faltamos?”, explicó a EFE Nancy Ramírez, quien sufre las secuelas de dos fracturas de cadera y una lesión en la columna que le impiden caminar con soltura, por lo que utiliza un bastón.
Por último, los afectados presentes aseguraron que la línea 12 debe demolerse, a pesar de que los trabajos están en marcha y se planea que terminen a finales de 2022.