La premio Nobel de la Paz, que podría llegar a acumular penas de más de 150 años de cárcel de ser culpada por todos los delitos de los que se le juzga, fue condenada hoy por aceptar 600.000 dólares y 11,4 kilos de oro en sobornos de manos del exgobernador de Rangún, Phyo Min Thein, quien testificó en octubre contra la birmana.
Uno de los letrados que representan a Suu Kyi, a quienes ahora la junta prohíbe hablar con los medios, calificó en junio cuando se presentó la denuncia de "absurda" e "injustificada" y remarcó que la "codicia" no es uno de los rasgos personales de Suu Kyi.
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Esta pena, que se suma a los seis años de prisión a los que fue condenada entre diciembre y enero tras ser encontrada culpable de cuatro variopintos delitos, es un nuevo varapalo para la depuesta Consejera de Estado, de quien el régimen castrense solo ha ofrecido un par de fotografías desde que fue detenida durante el golpe de Estado.
Sus propios abogados no pudieron reunirse este miércoles con la acusada, confirmaron a Efe fuentes cercanas al proceso.
Campaña de desprestigio
La junta militar ha orquestado una campaña de desprestigio contra la política birmana desde la sublevación, que puso fin a la incipiente democracia birmana, a través de una maraña de procesos judiciales que se dirimen de manera opaca y a puerta cerrada en un tribunal especial de la capital birmana, confeccionado a medida para Suu Kyi y otros altos miembros electos del derrocado gobierno civil.
“Los días en libertad para Suu Kyi han terminado. La junta birmana y los tribunales afines se encaminan hacia lo que equivale a una condena perpetua para Suu Kyi, debido a su avanzada edad” de 76 años, apunta en un comunicado Phil Robertson, subdirector para Asia de la oenegé Human Rights Watch.
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Se desconoce donde permanece cautiva la líder birmana mientras cumple condena. Sus abogados revelaron tras su primera condena que vieron a la derrocada líder con una camisa blanca y un longyi o falda birmana marrón, el traje que llevan las presidiarias en el país.
Numerosos cargos pendientes
Suu Kyi, quien ya recibió dos condenas en diciembre y otras dos en enero por diversos delitos como vulnerar las leyes contra la pandemia y la importación de dispositivos de telecomunicación, todavía tiene que ser juzgada por al menos otros 10 presuntos delitos de corrupción.
Entre otros cargos, Suu Kyi es acusada de supuestamente abusar de su posición para el alquiler de terrenos, apropiarse de fondos donados a una fundación que ella presidía y construir una residencia con estos, y por la compra y alquiler de helicópteros, todos estos delitos penados con hasta 15 años.
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La ex consejera de Estado además es juzgada por supuestamente vulnerar la ley de Secretos Oficiales, penada con un máximo de 14 años de prisión, y es acusada ante la justicia por el delito de fraude electoral durante los comicios de noviembre de 2020.
Las presuntas irregularidades en estos comicios son el argumento expuesto por los militares, que ya gobernaron la nación con puño de hierro desde 1962 hasta 2011, para justificar la toma de poder del 1 de febrero de 2021, que ha sumido a Birmania en una profunda crisis política, social y económica e iniciado una nueva espiral de violencia.
Por su parte, Aaron Connelly, del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, señaló hoy en Twitter que las sentencias “son como el papeleo interno de la junta” birmana para “sacar” de la vida pública a Suu Kyi, quien lideró durante décadas la oposición al régimen y por ello cumplió más de 15 años de arresto domiciliario.
Aunque el experto matizó que la esfera política birmana que mana tras el golpe y durante la masiva oposición a la junta castrense, brutalmente aplacada por las autoridades, es “ahora más grande que una sola persona, incluso si esta es Suu Kyi”.