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El documento lleva fecha del 15 de abril. Este mismo viernes, las autoridades judiciales ecuatorianas habían solicitado la extradición del exmandatario, que ya había sido rechazada anteriormente.
“Es un alivio. Porque cuando te dan esta protección muestra que eres un perseguido”, dijo Correa a la AFP en un contacto telefónico este viernes.
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Con relación al pedido de extradición firmado en la jornada, el expresidente dijo que las autoridades ecuatorianas “van a hacer el ridículo nuevamente. Ya se lo han negado varias veces. Pero no les importa”.
En Quito, la cancillería ecuatoriana indicó en un comunicado que no había sido notificada de la concesión del asilo político por ninguna “fuente oficial”.
Correa y su pedido de refugio
Correa había presentado en 2018 su pedido de refugio en Bélgica, país donde reside desde 2017.
El exmandatario había apoyado su demanda alegando que era objeto de una “persecución política” y judiciaria en su país.
Eso ocurrió a partir de la llegada del poder de Lenin Moreno, un exaliado que se había beneficiado del apoyo de Correa para ser elegido presidente.
Correa, que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, fue condenado en ausencia a ocho años de cárcel por el delito de cohecho en el denominado caso Sobornos 2012-2016.
De acuerdo con la justicia ecuatoriana, durante el mandato de Correa tanto el expresidente, como exfuncionarios y empresarios participaron en un esquema de corrupción en el que se pagaron sobornos a cambio de contratos.
Correa enfrenta un juicio
El expresidente socialista también enfrenta un juicio, con orden de detención, por el fugaz secuestro de un opositor en Colombia en 2012.
“Tenemos una sentencia firme. Hay el convenio con Bélgica y convenios internacionales, más la ley de extradición, que sustentan nuestro pedido en estricto derecho. Aquí no hay juicios de valor”, expresó al presentar el nuevo pedido de extradición el presidente de la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana, Iván Saquicela.
En febrero, la Procuraduría de Ecuador decomisó bienes de Correa y otros funcionarios de su gobierno.
“La propiedad sobre estos bienes le corresponde actualmente al Estado ecuatoriano conforme consta en los certificados de gravámenes”, señaló el organismo en un comunicado.
Y en noviembre pasado la justicia ecuatoriana dispuso el embargo de las cuentas bancarias de los 17 condenados por el caso Sobornos.