En una entrevista concedida a Efe en víspera del inicio este martes de la primera conferencia de las partes del acuerdo de Escazú, Orellana subrayó que esta regresión es especialmente inquietante porque “no afecta solo a la Amazonía y al territorio de Brasil, sino que por sus implicaciones de cambio climático, (también) a la humanidad entera”.
La situación en Brasil es particularmente grave por las políticas que alientan la invasión de los territorios indígenas en busca de extracción de recursos minerales sin respeto a salvaguardias de protección ambiental: la deforestación, la minería ilegal, el uso del mercurios, todos estos temas son tremendamente preocupantes en Brasil y hablan de esta regresión.
Una situación especialmente dramática “porque Brasil era uno de los países que estaban a la vanguardia en América Latina en la protección constitucional del medio ambiente y de los pueblos indígenas” lamentó Orellana.
“Un segundo elemento está en la ciencia de lo que es la negación del cambio climático y la importancia de la acción climática para afrontar la grave emergencia que vive el planeta”, recalcó el responsable.
LA PANDEMIA Y LA GUERRA COMO EXCUSA
Orellana, experto en derecho internacional y en el derecho relativo a los derechos humanos y el medio ambiente, denunció, igualmente, la estrategia de desinformación y mentiras orquestada por el presidente brasileño, al que acusó de utilizar la pandemia y la actual invasión rusa de Ucrania como excusa para avanzar en una agenda política articulada en la codicia y la negación de la emergencia climática.
“La administración del presidente Bolsonaro, para intentar justificar medidas regresivas en materia de protección ambiental y en materia de derechos indígenas, argumentaba en su momento que eran necesarias para hacer frente a la pandemia de la covid-19”, afirmó.
“Y ahora vemos que la misma administración intenta justificar la extracción de minerales, la apertura a actividades de hidrocarburos, a la industria hidroeléctrica en territorios indígenas, en violación de los derechos establecidos en la constitución brasileña sobre la base de supuesta falencias en el mercado de fertilizantes”, insistió.
A este respecto, subrayó que “la evidencia científica, sin embargo, indica lo contrario” y advirtió que existe una “campaña de desinformación que busca an justificar esas medidas regresivas con evidencias que no existen”.