El pleno votó las propuestas de la Comisión de Principios Constitucionales y aprobó con un quórum de más de dos tercios un total de 11 artículos que ya forman parte del borrador final, entre los cuales destacan el que definió a Chile como “un Estado social y democrático de derecho” y el que consagró al país como una democracia paritaria e inclusiva.
“La protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son fundamento del Estado (...) Es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos”, dice una de las disposiciones que prosperaron.
Se trata del primer párrafo que figuraría en la propuesta constitucional, que será sometida el próximo 4 de septiembre a un plebiscito de salida de participación obligatoria para todos los mayores de 18 años.
La aprobación de este artículo fue celebrada por decenas de constituyentes, que vaticinan que con él se pone fin al tipo de Estado actual, que ha tenido un rol subsidiario desde que en 1980, durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), entró en vigor la Carta Magna actual.
Este texto, reformado decenas de veces durante la democracia, sentó las bases de un modelo ultraliberal con servicios básicos privatizados y fue altamente criticado durante las protestas por la igualdad de 2019 -las más graves en décadas-, que gatillaron la convocatoria de un proceso constituyente.
“El Estado social democrático de derechos es la llave que va a clausurar el modelo subsidiario, que en 40 años no entregó mejor salud, no entregó mejor pensión, no entregó mejor educación”, afirmó el constituyente izquierdista Jorge Baradit.
En la misma línea, la convencional independiente Lisette Vergara agregó que "con esto se deja de manifiesto que Chile nunca quiso un Estado subsidiario" sino "la protección de las garantías y derechos sociales que son y que encarnan las demandas populares".
En un histórico plebiscito en octubre de 2020, casi un 80 % de los chilenos se mostró a favor de cambiar la Constitución y en mayo del año siguiente se eligió en las urnas a los 155 miembros del órgano, de tendencia progresista y con un gran número de ciudadanos independientes.
Aunque la asamblea ha ido perdiendo adherentes con el paso de los meses por los roces internos y varios escándalos que salpicaron a una lista de constituyentes ligados a las protestas sociales de 2019, sigue siendo una de las instituciones mejor valoradas por la población, con un 44 % de aprobación, según la encuestadora Cadem.