Los indígenas se movilizaron pacíficamente por la Explanada de los Ministerios hasta llegar a la sede de la cartera de Minas y Energía, frente a la cual despojaron barro y pintura roja para representar la destrucción y la muerte que causa la minería ilegal.
Banderas de Brasil también fueron bañadas con tinta roja al igual que gigantescas cajas que simulaban lingotes de oro, uno de los minerales más procurados en la más extensa selva tropical del planeta, sobre las cuales los indígenas estamparon la palabra crimen.
El acto, denominado "Marcha contra el 'garimpo' (minería ilegal) que mata y deforesta", tuvo como principal objetivo presionar al poder público para impedir que sea aprobado un proyecto de ley que pretende legalizar la minería ilegal en reservas indígenas, la mayoría de ellas ubicadas en la Amazonía brasileña.
"El garimpo llega a las reservas provocando una serie de violencias y violaciones a los derechos de los pueblos indígenas. Esa práctica causa una enorme desorganización social que amenaza la supervivencia física y cultural de estos pueblos", señaló Danicley de Aguiar, vocera de la campaña Amazonía de Greenpeace, una de las ONG que apoyaron la marcha.
Según informó la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), organización defensora de los derechos indígenas en el país, desde la semana pasada, más de 172 etnias brasileñas participan en el Campamento Tierra Libre 2022 (ATL), que estará instalado en Brasilia hasta el 14 de abril.
La reunión es considerada la más grande del país y se realiza en el mismo momento en que el Congreso Nacional debe votar textos relacionados con la aprobación de la minería ilegal y con la demarcación de tierras indígenas, otro de los temas por los que están protestando los pueblos originarios.
La minería ilegal y el comercio ilícito de madera son las principales causantes de la deforestación de la Amazonía en Brasil, una problemática que se ha incrementado durante el Gobierno de Bolsonaro.
Esta situación es atribuida por los ecologistas a la flexibilización de las medidas de control y fiscalización que se han dado durante el mandato del líder ultraderechista, que defiende la explotación económica de la Amazonía y el fin de la demarcación de nuevas reservas indígenas.
Los datos oficiales señalan que en 2021, la mayor selva tropical del planeta perdió 13.235 kilómetros cuadrados de vegetación, la más extensa área degradada para un periodo de 12 meses en los últimos 15 años.