Esta iniciativa legislativa fue presentada el pasado 8 de marzo y aprobada el día 14 del mismo mes, a diferencia del primer intento de destitución que ya enfrentó Castillo a finales de 2021, cuando la moción no llegó a ser admitida a trámite.
De aprobarse la destitución presidencial, como ocurrió en 2020 con el entonces gobernante Martín Vizcarra, Perú se verá sumido en un nuevo capítulo de la profunda crisis política y moral que atraviesa desde 2016 y que, sin contar esta eventual salida de Castillo, se saldó con la caída de tres presidentes y la disolución del Congreso.
Castillo llegó hoy al Palacio Legislativo en Lima para ofrecer sus descargos sobre los puntos en los que se sustenta la moción de destitución que se debatirá y votará esta tarde en el hemiciclo peruano con miras a sacarlo del poder.
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El jefe de Estado fue citado hoy, día en el que cumple exactamente ocho meses en el poder, ante el pleno del Parlamento para defenderse del segundo pedido de destitución presidencial lanzado por un sector de la oposición política en su contra, el octavo proceso de este tipo que un presidente peruano afronta desde 1992.
Por ahora, la destitución se vislumbra poco probable, ya que la oposición más férrea cuenta con unos 65 votos asegurados y podría llegar hasta los 73 si Alianza Para el Progreso (APP) y Acción Popular (AP) alinean a sus miembros discordantes.
Aún así, para vacar al presidente se requieren 87 votos de los 130 miembros del Legislativo, lo que requeriría de, al menos, un voto a favor de la destitución del partido marxista Perú Libre, que llevó al poder a Castillo, o del izquierdista Juntos por el Perú.
Poco antes del arranque de la sesión, la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, remitió un oficio al ministro de Relaciones Exteriores, César Landa, informando que la Junta de Portavoces rechazó su pedido de que observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) acudan al hemiciclo para seguir el debate de la moción presidencial.
Alva aseguró que los congresistas resolvieron acceder, “en un gesto democrático”, a su petición, pero detalló que los funcionarios de la OEA no ingresarán en la Cámara, sino que se les permitirá su ingreso a las instalaciones del Congreso para que puedan presenciar el debate en la sede de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Agregó, además, que la presencia de funcionarios de organismos internacionales es "innecesaria" en este juicio político impulsado por un sector de la oposición parlamentaria con miras a sacar a Castillo del sillón presidencial.
Horas antes del debate, el primer ministro, el jurista Aníbal Torres, envió un oficio a Alva para pedir que se permita participar a seis ministros en la sesión del pleno, que está previsto que se extienda por unas cuatro horas.
También se conoció que el Palacio de Gobierno, sede del Ejecutivo, acreditó al abogado de Castillo, José Félix Palomino, para que ejerza la defensa del mandatario ante el hemiciclo.
Según la legislación peruana, el jefe de Estado puede acudir a la sesión plenaria o bien optar por enviar a su abogado para que lo represente en esta solicitud de destitución multipartidaria que alega una supuesta "incapacidad moral permanente".
Entre los argumentos que esgrime la moción está la designación de, al menos, diez ministros cuestionados, la existencia de un supuesto "gabinete en la sombra" o su presunta intención de someter a consulta popular una salida al mar para Bolivia.
Otros puntos son las presuntas “contradicciones y mentiras del presidente en investigaciones fiscales”, así como supuestas irregularidades en ascensos militares y policiales.