Kuleba participó en la presentación en Londres, organizada por el centro de estudios Chatham House, de una declaración impulsada por el ex primer ministro británico Gordon Brown y expertos legales para poner en marcha esta corte, que sería complementaria a la Corte Penal Internacional (CPI), la Corte Internacional de Justicia (CIJ, principal órgano judicial de la ONU) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que ya investigan las circunstancias de la guerra.
Desde un vehículo en marcha, Kuleba agradeció la iniciativa, que se ha remitido a varios países para su firma, y señaló que el tribunal propuesto "cerraría una laguna en la legislación internacional" que dificulta a las cortes existentes abordar el llamado crimen de agresión.
Este delito es cometido al ordenar el dirigente de un Estado un acto de agresión contra otro país, en violación de la Carta de las Naciones Unidas.
"Cooperaremos para fundar esta corte y reconoceremos su jurisdicción", afirmó el ministro, en una breve intervención.
En principio, la fiscalía de la CPI, que actualmente investiga posibles crímenes de guerra en Ucrania, podría ocuparse también del crimen de agresión, pero para ello el sospechoso debe pertenecer a un país que haya ratificado el estatuto de la corte, lo que no es el caso de Rusia.
Podría investigarlo asimismo si el denunciante fuera el Consejo de Seguridad de la ONU, lo que también es imposible en esta ocasión dado que Moscú tiene poder de veto.
"Para complementar las iniciativas en marcha ante la CPI, la CIJ y el TEDH, proponemos la creación del Tribunal Especial para el Castigo del Crimen de Agresión contra Ucrania, enfocado en el delito de agresión", explicó Dapo Akande, profesor de Derecho público internacional de la universidad inglesa de Oxford.
Tanto Brown como el abogado Philippe Sands, otro promotor del proyecto, aseguraron que "no es imposible" que un día Putin pudiera sentarse en el banquillo de esa corte, cuya constitución, apoyada ya por varios firmantes, podría ser "rápida" si "hay voluntad política".
De momento, firman la declaración difundida hoy principalmente juristas y abogados pero también políticos y escritores, como el estadounidense Paul Auster, el británico Stephen Fry y el español Javier Cercas.