La tragedia ocurrió en la mañana del 22 de febrero de 2012, cuando un tren de la línea ferroviaria Sarmiento, que conecta la capital con el oeste de su cinturón urbano, se empotró contra un andén de la estación cabecera de Once.
“Hay una responsabilidad penal que es la que nosotros logramos” y “una responsabilidad política que no es judiciable pero que existe”, dijo a Efe Leonardo Menghini, abogado querellante y tío de Lucas Menghini Rey, un joven de 20 años que murió en el choque ferroviario y que se convirtió en la víctima más visible porque lo buscaron por casi 60 horas.
“La responsable política de la tragedia de Once es Cristina Fernández de Kirchner”, afirmó Menghini, en referencia a que la actual vicepresidenta era entonces la presidenta (2007-2015), porque el accidente “solamente se pudo dar dentro de un sistema corrupto que estaba avalado desde la Presidencia de la nación”.
El dolor de los familiares dio paso a la lucha para ver a los culpables tras las rejas.
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Menghini se convirtió en abogado de los padres de Lucas y después sumó a otras familias que desde el principio supieron lo que es llevar al gobierno de turno a la justicia e incluso enfrentarse a otras querellas, que intentaron culpar al maquinista, pero siguieron adelante “por el convencimiento” de tener la verdad y con “una decisión muy fuerte”.
“Tengo más rencor político que en lo personal”, describió Menghini, que recordó que “la responsabilidad política nunca fue asumida” ni tampoco “la negligencia”.
“Pasan los años y nunca llega el (pedido de) perdón, nunca llega el arrepentimiento, nunca llega el reconocimiento de la culpa mínima”, se lamentó Menghini.
CONDENAS
La causa tuvo dos etapas. Logró 21 condenas firmes para dos funcionarios, 18 empresarios de transporte y el maquinista. Hoy ninguno de ellos está detenido en prisión. Y las máximas condenas que se lograron fueron por dos delitos: administración fraudulenta contra la administración pública y estrago culposo seguido de muerte.
Los dos ex secretarios de Transporte condenados fueron Juan Pablo Schiavi (2008-2012), a cinco años y seis meses de prisión, que hoy se encuentra en libertad condicional, y queda pendiente la de Ricardo Jaime (2003-2008), que está en prisión por otras causas ligadas a la corrupción, y aún requiere el doble conforme de la Justicia.
Está pendiente la condena número 22, que sería la del jefe de ambos secretarios, Julio De Vido, ministro de Planificación Federal durante los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández. El exministro fue condenado solo por administración fraudulenta a una pena de cinco años y ocho meses de prisión, fallo que está esperando la confirmación de la Corte Suprema.
Según la Justicia, el Estado realizaba transferencias económicas a las empresas concesionarias del servicio que volvía en forma de dádivas a los funcionarios, quienes descuidaban el control del mantenimiento de los trenes y la seguridad cuyo deterioro desembocó en la tragedia.
REPARACIÓN ECONOMICA
Los familiares sienten que lograron en la Justicia prácticamente lo máximo a lo que podían aspirar.
“Éramos particulares contra el poder económico y contra el poder político y les doblamos el brazo”, dijo Menghini. “Obligamos a la justicia a trabajar”.
Creen que la causa sirve para mostrar a la sociedad que la justicia puede funcionar mejor.
Y pretenden que sirva para mostrar que “los delitos que tienen que ver con la corrupción tienen que tener un trato distinto”, ya que “el funcionario delincuente no es un delincuente común”, dijo Menghini, “porque está violando no solo el contrato con el ciudadano sino el contrato electoral, está fallándole al sistema, está haciendo que la democracia sea más endeble”.
Los familiares y amigos de las víctimas y heridos harán un nuevo recordatorio este 22 de febrero en la estación de Once, una fecha que también servirá para reclamar el derecho a una reparación económica para los familiares de las víctimas.
Entienden que como la justicia civil en Argentina es tan lenta, la solución más inmediata sería la sanción de una ley, porque fue probado que son víctimas del Estado.
Pero creen que el Gobierno de Alberto Fernández los “ha olvidado” y los “trata de una manera discriminatoria” frente a otras tragedias que lograron indemnizaciones por ley, mientras los familiares de las víctimas se quedaron en muchos casos sin el principal sustento.