En la conferencia de prensa ofrecida al terminar su visita oficial a Bolivia, García-Sayán se refirió a lo ocurrido el pasado viernes, cuando grupos afines al oficialismo impidieron el traslado de Áñez a un hospital tras la disposición de un juez, que luego decidió que la exmandataria recibiera la atención médica dentro del penal.
"El Estado, frente a cualquier persona privada de libertad, es el responsable de la integridad física y la salud de las personas que están en esa condición y por su puesto en todos los casos, incluido el de Jeanine Áñez", dijo a los medios.
En el informe preliminar sobre su visita a Bolivia que fue entregado a los medios, el relator también señala que el Estado "tiene la responsabilidad de preservar el orden público, garantizar la seguridad de las personas y hacer cumplir las disposiciones judiciales".
Y cita las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, que indican que "todos los establecimientos penitenciarios facilitarán a los reclusos acceso rápido a atención médica en casos urgentes".
También menciona el informe de la Oficina en Bolivia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos que constató que no se forzó a Áñez a recibir alimentos o tratamiento médico, respetando su decisión de mantenerse en una huelga de hambre en la que ya lleva 14 días.
LA SITUACIÓN
La exmandataria interina está en prisión preventiva en La Paz desde hace más de once meses acusada de sedición, terrorismo y conspiración por la crisis postelectoral de 2019 que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales, que para el oficialismo fue un "golpe de Estado".
Áñez inició una huelga de hambre hace 14 días ante el inicio del juicio por otro proceso, el llamado "golpe de Estado II", referido a sus acciones cuando era segunda vicepresidenta del Senado para asumir en 2019 la Presidencia de forma supuestamente irregular, según el oficialismo, tras las renuncias de Morales y de toda la línea de sucesión presidencial.
La salud de la expresidenta se ha deteriorado nuevamente como consecuencia de esta medida, en la que aseguró que se mantendrá al considerarse una "presa política" del Gobierno de Luis Arce.
García-Sayán justificó el no haber visitado a la exmandataria interina en prisión, como lo pidió su familia, porque "los relatores normalmente no visitan a personas que están en la cárcel".
El relator de la ONU confirmó que se reunió con los familiares y abogados de Áñez, quienes le proporcionaron "una cantidad importante de información y de elementos de análisis que valen mucho más que una visita contingente".
"Lo importante es que se garantice en este caso y en todos los demás casos las garantías del debido proceso que están establecidas en la Constitución y la ley", sostuvo.
Además mencionó un protocolo firmado entre el Gobierno boliviano y la ONU para que los representantes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sigan de cerca varios procesos judiciales, incluido el de Áñez.
García-Sayán llegó a Bolivia para conocer el funcionamiento del sistema judicial del país, señalado por su falta de imparcialidad.