La ASIF se convierte ahora en el cuarto organismo vaticano en hacerlo, tras la Secretaría de Estado, el Instituto para las Obras de Religión y la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica.
Este viernes se celebró la séptima audiencia de este juicio, que trata de esclarecer las responsabilidades de la compraventa, terminada en estafa, de un edificio en el centro de Londres y que costó a las arcas de la Secretaria de Estado de la Santa Sede unos 175 millones de euros, por la que el Vaticano fue extorsionado y tuvo que presuntamente pagar al broker Gianluigi Torzi para continuar con la operación.
La próxima audiencia se celebrará el lunes 28 de febrero a las 10.00 horas y al día siguiente, 1 de marzo, si se superan las nulidades existentes, se podrán programar los interrogatorios de los imputados, incluido el de Becciu, según estableció este viernes el presidente del Tribunal, Giuseppe Pignatore.
Como ya se había anunciado en la audiencia anterior, se unificaron en el mismo proceso dos causas: la de los seis acusados que habían seguido adelante a pesar de las excepciones de nulidad y la de los otros cuatro, que había sido separada por problemas en el sumario del promotor de Justicia (fiscal vaticano).
Este viernes, todas las defensas solicitaron la nulidad del juicio.
Junto a Becciu están imputados Torzi; Enrico Crasso, financiero de referencia de la Secretaría de Estado; la exasesora del cardenal Cecilia Marogna; el expresidente y exdirector de la Autoridad de Información Financiera (AIF), René Brülhart, y Tommaso Di Ruzza, respectivamente; Mauro Carlino, exsecretario de Becciu; el banquero Raffaele Mincione, el abogado Nicola Squillace y el funcionario de la Santa Sede Fabrizio Tirabassi.