El tiroteo obligó a 17 escuelas públicas a mantener sus puertas cerradas, lo mismo que los centros médicos de la región.
Las muertes se registraron en Vila Cruzeiro, una favela en la zona norte de Río de Janeiro controlada por bandas de narcotraficantes, tras el intenso tiroteo que se produjo cuando los policías llegaron a la barriada, hacia las 4.30 hora local (7.30 GMT) de este viernes.
El objetivo del operativo, según explicó la Policía Militarizada de Río de Janeiro, era capturar a los narcotraficantes que controlaban la favela de Jacarezinho y que huyeron de la barriada el mes pasado, cuando las fuerzas de seguridad la ocuparon.
Entre los narcotraficantes supuestamente escondidos en Vila Cruzeiro y contra los que fueron expedidas órdenes de detención destaca Chico Bento, que comandaba el tráfico de drogas en Jacarezinho y es considerado uno de los principales jefes del Comando Vermelho (Comando Rojo), la mayor organización criminal de Río de Janeiro.
"Hubo un enfrentamiento y ocho criminales heridos no resistieron a las heridas", informó la Policía Militarizada, que dijo haberse incautado de seis fusiles, tres pistolas y dos granadas.
En la operación de este viernes participaron agentes de la Policía Militarizada de Río de Janeiro, de la Policía Federal y de la Policía Federal de Carreteras, esta última debido a que entre los delincuentes buscados destacan miembros de bandas que se dedican a robar cargas de camiones.
"Fue una operación integrada entre fuerzas de Río de Janeiro y fuerzas federales tras un trabajo de inteligencia de varios meses que permitió descubrir que había varios narcotraficantes escondidos en esa región", afirmó el secretario de Policía Militarizada de Río de Janeiro, coronel Luiz Henrique Marinho.
Los habitantes de Vila Cruzeiro denunciaron en las redes sociales que tuvieron que encerrarse en sus viviendas para huir del tiroteo y que, con vehículos blindados bloqueando los ingresos de la favela, están sin condiciones de ir a trabajar.
La operación se produjo tan sólo una semana después de que la Corte Suprema estableciera un plazo de 90 días para que la Gobernación de Río de Janeiro adopte medidas contra la violencia de sus policías, que entre enero y noviembre del año pasado fueron responsables de la muerte de casi 1.300 personas.