Áñez, 54 años, encarcelada en La Paz desde hace 11 meses y en huelga de hambre desde ayer, es juzgada junto a ocho exmilitares. En una carta, aseguró ser “presa política”.
Su abogado Luis Guillén afirmó que el documento de apertura del juicio es una “presentencia” , pues califica a la expresidenta como “de facto” e “inconstitucional”.
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En octubre de 2019 Morales se postuló a un cuarto mandato pese a perder un referéndum para habilitarlo a una nueva reelección. En medio de una fuerte convulsión social y acusaciones de fraude, finalmente perdió el respaldo de mandos militares y policiales y salió del país.
Quienes debían sucederlo renunciaron uno tras otro: el vicepresidente, la titular de la cámara alta, y el presidente de la cámara de diputados.
En medio de un vacío de poder finalmente asumió Áñez, una abogada y expresentadora de televisión, la siguiente en la línea de sucesión en el Senado.
El Parlamento, que estaba controlado por el MAS de Morales, reconoció la legalidad de su gestión, cuyo principal cometido era organizar nuevas elecciones. Estas se celebraron en octubre de 2020 tras dos aplazamientos debido a la pandemia, y tuvieron como ganador a Arce, delfín de Morales.
Ahora, la Justicia de su país le imputa haber asumido la presidencia de forma inconstitucional en noviembre de 2019 tras la renuncia de Morales (2006-2019) en medio de protestas multitudinarias por un supuesto fraude electoral denunciado por la Organización de Estados Americanos (OEA).