La presunción de un delito de prevaricación fue una de las 9 sospechas volcadas contra Bolsonaro por una comisión senatorial que investigó la gestión del Gobierno frente a la pandemia, que ya ha dejado más de 626.000 brasileños muertos.
El caso se refería a una negociación del Ministerio de Salud con representantes locales del laboratorio indio Bharat Biotech, en el que se discutía una posible adquisición de la vacuna Covaxin.
La comisión concluyó que Bolsonaro había sido informado sobre unas presuntas irregularidades en las negociaciones y que, pese a eso, no había denunciado el asunto a las autoridades policiales, con lo cual había incurrido en el delito de prevaricación.
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En el informe difundido este lunes, la Policía Federal admitió que, al investigar las denuncias de la comisión parlamentaria, halló "indicios" de que el gobernante efectivamente había sido informado de esas supuestas irregularidades por un diputado y no había tomado ninguna actitud frente a eso.
Sin embargo, el documento, remitido al Supremo por el comisario William Schuman Marinho, sostiene que Bolsonaro no estaba obligado a denunciar nada.
Según sostuvo el jefe policial, responsable de la investigación, desde el punto de vista jurídico, una denuncia de esa naturaleza no estaría incluida entre las "competencias" del cargo que ejerce.
Schuman Marinho sí reconoció que, "es legítimo, desde el punto de vista de la opinión pública, esperar que la principal autoridad de la República" hubiera tenido otro tipo de conducta frente a un hecho finalmente denunciado por una comisión del Senado.
"Pero, aún así, en la hipótesis de omisión, tal conducta se aproximaría más a una ausencia de cumplimiento de un deber cívico, pero no a un desvío de algún deber funcional", dice el documento.
El asunto fue desvelado a mediados del año pasado y llevó a la farmacéutica Bharat Biotech a cancelar el contrato mediante el cual era representada por la empresa brasileña Precisa Medicamentos, que es objeto de otras investigaciones.
La comisión del Senado concluyó su investigación en octubre pasado con nueve acusaciones contra Bolsonaro: crímenes contra la humanidad, infracción de medidas sanitarias, charlatanería médica, incitación al delito, falsificación de documentos, uso irregular de dinero público, prevaricación, epidemia con resultado de muerte y atentados contra la dignidad del cargo.
Todos esos cargos fueron presentados a la Fiscalía General y el Supremo y son investigados por la Policía Federal, que hasta ahora solo ha presentado sus conclusiones sobre las vacunas Covaxin, aún no analizadas por la Justicia, que pudiera ordenar otras diligencias.