El presidente del tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano, Giuseppe Pignatone, anunció este nuevo retraso del proceso en la audiencia convocada para hoy, a la que no acudió ninguno de los nueve imputados.
El caso busca esclarecer las responsabilidades de la compraventa, terminada en estafa, de un edificio en el centro de Londres y que costó a las arcas de la Secretaria de Estado de la Santa Sede una cantidad estimada de 175 millones de euros por la que el Vaticano fue extorsionado y tuvo que presuntamente pagar al broker Gianluigi Torzi para continuar con la operación.
La operación se inició con una red de financieros y consultores en 2014, cuando el italiano Angelo Becciu ejercía de sustituto de la Secretaría de Estado para los Asuntos Generales, es decir, el hombre de confianza del papa en la administración vaticana.
Francisco le hizo purpurado en el consistorio de 2018, pero acabó retirándole sus derechos cardenalicios por este escándalo.
Además de Becciu están imputados Torzi; Enrico Crasso, financiero de referencia de la Secretaría de Estado; la exasesora del cardenal Cecilia Marogna, así como el expresidente y el exdirector de la Autoridad de Información Financiera (AIF), René Brülhart y Tommaso Di Ruzza, respectivamente.
En la vista de hoy el juez imputó a otras cuatro personas cuyas causas habían sido separadas del resto en audiencias posteriores a causa de problemas en el sumario del promotor de justicia (fiscal vaticano).
Se trata de monseñor Mauro Carlino, exsecretario de Becciu; el banquero Raffaele Mincione, el abogado Nicola Squillace y el funcionario de la Santa Sede Fabrizio Tirabassi.