Este pasado jueves "cuatro funcionarios dieron positivo en la mañana" y "decidieron cerrar el cruce de camiones y pasajeros" que se debe habilitar nuevamente este viernes, declaró a Efe el principal dirigente de la Asociación de Transporte Pesado Internacional de Santa Cruz (Asociatrin), Marcelo Cruz.
Cruz mencionó que alrededor de unos 2.500 transportistas con un número similar de camiones enfilados por varios kilómetros aguarda su turno para llevar la carga boliviana a los puertos de Arica, a través del paso Tambo Quemado-Chungará, y hacia Iquique, por el paso Pisiga-Colchane.
"El problema también es en Pisiga (...) se está en una situación similar, los mismos problemas: las filas son extremadamente largas" y en sitios en los que no hay alimentos, servicios básicos ni hospedaje, remarcó el dirigente.
La semana pasada, una comisión presidida por el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, llegó hasta Tambo Quemado para brindar alimentos y atención médica a los chóferes bolivianos que ese momento llevaban parados por más de seis días.
Blanco tuvo una reunión con el personal chileno en Chungará de donde emergió el compromiso del incremento de horas de trabajo, que implica también la toma de pruebas de la covid-19 para acceder a Chile, aunque algunas propuestas como la colaboración del personal de salud boliviano quedó en análisis.
Cruz manifestó que la reunión del viceministro fue con funcionarios que "no tienen un poder de decisión para establecer una solución estructural" a la congestión en el paso fronterizo que se redujo de 300 a 100 camiones al día por una lenta toma de pruebas en el lado chileno.
"No ha habido ninguna mejora" y "el diálogo no puede ser ese", señaló el dirigente en relación al compromiso que se hizo con funcionarios "transitorios" y pidió una solución urgente.
Hace una semana, el Gobierno boliviano informó sobre comunicaciones oficiales con las autoridades chilenas par resolver el problema en la frontera común que se arrastra desde diciembre pasado.
Bolivia planteó la elaboración de un protocolo común de bioseguridad y el apoyo médico de personal boliviano para la toma de pruebas además de la reposición de un nuevo Comité de Fronteras entre ambos países que se ocupe de estos temas.
Según el Gobierno, cada día que no circula la carga boliviana produce una pérdida de unos 10 millones de dólares, a lo que hay que sumar los costos que cada transportista debe por día de retraso a las líneas navieras.
En diciembre se produjo un problema similar por el reporte de "falsos positivos" de coronavirus que presentaron chóferes bolivianos en controles en Chile y que obligó a las autoridades de Bolivia a tomar pruebas a parte para contrastar esos resultados.
El Gobierno boliviano ha invocado la solución a estas dificultades en base al derecho de "libre tránsito" que le confiere el Tratado de 1904, que fijó los límites definitivos entre ambos países tras la llamada guerra del Pacífico.