En un comunicado, el Ministerio de Transporte señaló que la orden, vigente desde el martes, responde a las políticas de restricciones de movimiento anunciadas anteriormente por el Gobierno para frenar la actual ola de contagios a raíz de la variante ómicron del coronavirus.
Los no vacunados con la pauta completa no podrán usar los autobuses, trenes u otros medios públicos, excepto cuando tengan un exención médica, vayan a comprar bienes de primera necesidad como alimentos y medicinas o vayan a trabajar o al hospital.
La semana pasada, las autoridades elevaron la alarma al nivel 3 (de un máximo de 5) e impusieron el confinamiento a los no vacunados al entender que se niegan voluntariamente a la inoculación y suponen un riesgo para el sistema sanitario.
Se les aplica las mismas exenciones, como comprar bienes de primera necesidad o ir a trabajar, aunque los trabajadores no vacunados deberán someterse a una prueba PCR cada dos semanas que ellos deben pagar de su bolsillo.
El presidente filipino, Rodrigo Duterte, llegó a anunciar la semana pasada que concede poderes a la policía municipal para arrestar a aquellos sin vacunar que se salten el confinamiento.
El nivel 3 de alarma supone la prohibición de las clases presenciales, los deportes que requieran contacto físico, el cierre de casinos y ferias y la limitación del aforo en restaurantes y otros locales a entre el 30 y el 50 %.
Filipinas, que sufrió dos graves rebrotes de la covid-19 en abril y septiembre pasados, llevaba registrando menos de 500 casos diarios en diciembre cuando la ómicron ha disparado los contagios a más de 28.000 el martes.
El país, que acumula 3,03 millones de contagios, incluidos más de 52.500 muertos, tiene una ocupación del 41 % de las camas de cuidados intensivos, cifra que llega al 54 % en Manila, según el diario Rappler.
Según datos de Our World in Data, las autoridades filipinas han vacunado con la pauta completa a más del 48 % de su población.